Por Miguel Tirado Rasso
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Jaime Bonilla es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando un empresario, atraído por la política, decide incursionar en la administración pública lleno de ocurrencias y de caprichos. Con muy buenas relaciones en la cúpula del poder, su corta carrera política alcanzó logros envidiables. En menos de un año, fue senador de la República, se desempeñó como Coordinador Estatal de Gobierno Federal y fue elegido gobernador del Estado de Baja California.
Anteriormente, en 2012, el actual gobernador había sido diputado federal y, hasta ahí llegaba su experiencia política. Quizás por esto, Jaime Bonilla no valoró lo suficiente, cuando decidió competir por la gubernatura de su estado, recién convertido en senador, sobre el detalle del corto período de esa gubernatura, dos años, debido a una reforma constitucional de 2014 para empatar las elecciones locales con las federales.
Ciertamente las circunstancias del momento se presentaban muy favorables para que su proyecto político tuviera un final feliz por lo que, en lugar de esperar menos de un par de años para la siguiente elección, en la que la duración del gobierno de seis años se regularizaba, prefirió aprovechar las circunstancias y participar en la elección para gobernador, que ganó sin problema, sólo que para un período de un tercio del tiempo normal.
A estas alturas, el balance del gobierno de este personaje es de llamar la atención y, no precisamente por sus buenas acciones, sino por sus ocurrencias y desatinos. Aprovechando la gran ventaja de contar con una mayoría absoluta en el Congreso, el gobernador hace y deshace sin limites, o casi. Su gobierno comete excesos por lo que, no pocas veces, la intervención de la Federación ha sido necesaria para corregir y regresarlo a los causes legales.
Van algunos ejemplos de su ocurrente actuación. Recién asumió el cargo, buscó la manera de extender su mandato. Con la complicidad de una diputación de oposición servil, ya de salida, promovió una reforma a la Constitución del estado (Ley Bonilla) para prolongar su mandato. Para atajar esta maniobra, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitieron resoluciones que dieron fin a las pretensiones de permanencia del gobernador.
Más adelante, Jaime Bonilla presentaría una iniciativa para reducir el siguiente período de gobierno de seis a tres años, para empatar las elecciones locales con la presidencial de 2024, con lo que se obtendría una “ahorro financiero”, según afirmación de la diputada de Morena que presentó la iniciativa. A punto de ser discutida por el pleno del Congreso, cupo la sensatez en alguien y la “Ley Bonilla 2”, como se conoció esta propuesta, se fue al congelador.
También pretendió, infructuosamente, retrasar el inicio del proceso electoral 2020-2021 en el estado, del primero de septiembre al primero de diciembre. Reforma constitucional que la SCJN anuló.
Tal vez queriendo quedar bien con su amigo, el gobernador propuso, a decir de la senadora panista, Gina Cruz, por ahí de febrero del año pasado, rifar la Casa de Gobierno. Una brillante idea que se volvió humo. Brincándose a la Federación, lo que le costó un disgusto con la Secretaría de Hacienda, pretendió regular los “autos chocolate” que transitan en la frontera. Propuesta que no procedió por ser de competencia federal.
También con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el gobernador tuvo sus desavenencias, cuando resolvió, por decreto, que su gobierno se encargaría de mantener y conservar el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, por lo que, la caseta de cobro de CAPUFE pasaría a la administración del gobierno estatal. Tras un breve litigio, la SCT recuperó el control de la carretera y de la caseta de cobro.
Con el control del Congreso, el gobernador Bonilla ha promovido reformas constitucionales que los legisladores morenistas le aprueban sin chistar. Ante un poder judicial que le estorba, propuso la reestructuración del Sistema Judicial de Baja California, por supuesto, sin consultar la opinión del Poder afectado. Planteó la desaparición del Consejo de la Judicatura; la eliminación de los magistrados supernumerarios; se auto atribuyó la facultad de proponer los nuevos magistrados del Tribunal Superior, cancelando las convocatorias, y redujo, el número de integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción, para ahorrar, según argumentó.
Hay varias más, como una ley de impuestos de hidrocarburos, motivo de una controversia constitucional; la creación de un polémico SAT estatal, y un sin número de ataques a la prensa, porque el respeto a la libertad de expresión no es lo suyo. Su más reciente ocurrencia tiene apenas una semana: expropiar el Club Campestre de Tijuana por presuntos adeudos fiscales y porque “no aporta ningún beneficio a la comunidad”, de acuerdo a su dicho. Sobre la marcha y, con el sello de la casa, armó una consulta en Facebook para saber si la población aprobaba la expropiación. Y ¿que cree usted? Que la mayoría apoyó la gran ocurrencia de su gobernador.
Menos mal que Jaime Bonilla terminará su mandato en pocos meses más.
