Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Mario Marín, exgobernador priista de Puebla.
Marín, que será trasladado a Chetumal, era buscado desde hace casi dos años, después de que en abril de 2019 una jueza de Quintana Roo emitiera una orden de aprehensión contra cuatro personas: el exgobernador, el empresario José Kamel Nacif, el exjefe de la policía estatal, Adolfo Karam, y su director de mandamientos judiciales, Juan Sánchez.
La periodista señaló en su obra ‘Los demonios del Edén‘, publicado en 2005, que el empresario Kamel Nacif asistió a las fiestas del pederasta Jean Succar Kuri en Cancún, Quintana Roo.
El empresario y el exgobernador Marín pactaron detener a Lydia Cacho por el delito de difamación y calumnia.
Una juez liberó la orden de aprehensión contra la periodista, ejecutada a través de la Policía Judicial, dirigida entonces por Adolfo Karam Beltrán.
Fueron grabaciones las que revelaron el acuerdo alcanzado entre el gobernador y otros personajes, particularmente Kamel Nacif.
Los días 16 y 17 de diciembre de 2005, la periodista fue víctima de tortura con connotación sexual y de género, durante su traslado del estado de Quintana Roo a Puebla.
Por órdenes de Karam Beltrán, policías trasladaron por tierra desde Cancún a Puebla a Lydia Cacho. En el camino, los agentes la amenazaron y torturaron psicológicamente.
Por el traslado, la periodista sufrió enfermedades respiratorias y finalmente logró su liberación tras pagar una fianza de 106 mil pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho.
En 2018 el Comité de los Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen que declaró al Estado mexicano responsable de varias violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho y otorgaba 180 días para implementar las medidas correspondientes.
A comienzos de 2019, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió disculpas a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005 tras denunciar una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes.
