Es momento de que desde el Congreso de la Ciudad de México se trabaje para diseñar, aprobar y poner en marcha un programa de Desarrollo Urbano Sustentable e Incluyente para la capital del país, reconociendo las características de diversidad, que evite la segregación y la expulsión de sus habitantes, afirmó el dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), José Manuel Oropeza Morales.
“Se debe terminar con el actual modelo de desarrollo urbano, porque ha favorecido la especulación inmobiliaria en las zonas mejor ubicadas y dotadas de servicios urbanos, lo cual dio origen a la expulsión de los habitantes originarios, desplazando a esta población hacia las zonas periféricas de la Ciudad e inclusive a otras entidades estatales -Estado de México e Hidalgo-, y en algunos casos a las áreas de conservación ambiental de la ciudad”, afirmó.
El ex diputado Constituyente consideró que tomando como base la Constitución de la Ciudad de México los capitalinos “debemos aspirar a un desarrollo urbano ordenado, sustentable, incluyente y equitativo. Para ello debemos explorar nuevas alternativas que permitan reorientar el crecimiento de la ciudad, ordenar las alturas de sus edificaciones y los usos de suelo, fomentar la producción de vivienda social y dotar de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades habitacionales existentes, crear y rehabilitar la infraestructura existente de agua, drenaje y energía”, aseveró.
La Constitución capitalina garantiza que, por primera vez en la historia de la Ciudad, a través del recién creado Instituto de la Planeación Democrática y Prospectiva, el proceso de la planeación del desarrollo urbano se lleve a cabo a largo plazo, con revisiones periódicas, así como elementos que permitan evaluar sus resultados y alejado de los cambios sexenales, refirió.
Precisó que de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución local la planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México, y los diversos programas sectoriales.
El Plan General de Desarrollo debe ser elaborado por el Instituto de Planeación, y remitido por la o el Jefe de Gobierno para su aprobación al Congreso, tendrá una vigencia de 20 años; el Programa de Gobierno establece las metas y objetivos del Poder Ejecutivo con una duración de 6 años, agregó.
“Están dadas la condiciones para instrumentar en la Ciudad de México, políticas públicas que permitan establecer el llamado “derecho a la ciudad”, a través de reconocer la valiosa diversidad social y cultural de la ciudad, buscando una Ciudad de México más justa, igualitaria, equitativa y tolerante, de tal forma que se garantice el acceso de sus habitantes a un beneficio colectivo en materia de servicios, infraestructura y uso del suelo urbano y de esta forma contribuir a mejorar su calidad de vida”, insistió.
Durante el curso de capacitación que ofreció vía redes sociales con el tema Planeación y Desarrollo Urbano (Gobierno de Claudia Sheinbaum), Manuel Oropeza dijo que, de acuerdo a la Organización de la Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en centros urbanos y se estima que para el año 2050, esta cifra alcance el 68%, es decir de cada 10 personas que habitan en el mundo 7 residen en las ciudades.
En el caso de nuestro país, agregó, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para el año 2010, la población mexicana que vivía en localidades urbanas alcanzaba ya el 78% de la población.
Señaló que este modelo de crecimiento urbano se ha caracterizado por concentrar las actividades socioeconómicas en lugares geográficos específicos, por ser un gran consumidor de recursos como agua, energía y suelo; favorecedor de una ciudad extensa, difusa, en expansión constante y con problemas de accesibilidad e integración por la falta de planeación, así como de recursos técnicos y financieros de los gobiernos locales para la construcción de nueva infraestructura, crecimiento urbano descontrolado, grandes hacinamientos suburbanos, falta de servicios públicos, altos niveles de contaminación, problemas de salud pública, segregación social e inseguridad.
“La actual configuración de la capital del país es producto de este modelo de crecimiento urbano, por lo que sus necesidades básicas como el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, el abasto de agua potable, el drenaje, el transporte y la movilidad, así como el abasto de alimentos, entre otras más, deberán planearse acorde al crecimiento de la población y el desarrollo de otros centros urbanos”, refirió.
Manuel Oropeza consideró que las diputadas y los diputados capitalinos deberán trabajar en temas como usos de suelo para ordenar el territorio, “se puede definir adecuadamente las áreas para el desarrollo de asentamientos humanos, identificar zonas de riesgo, así como promover el asentamiento de las actividades productivas”.
Asimismo, finalizó, fomentar la construcción de vivienda social en zonas centrales; evitar la expulsión de habitantes originarios; mantenimiento y conservación de Unidades Habitacionales; viabilidad de grandes proyectos inmobiliarios; rescate del espacio público; y fomentar un sistema de transporte masivo y colectivo, ordenado, seguro, con perspectiva de género y con tarifas sociales, que desincentive el uso del automóvil privado.
