*En Marcha el Proceso de Articular a Modo lo Construido
*Evidente de Conflicto de Interés, al ser Juez y Parte
*Se Limitará la Transparencia en el Judicial y Legislativo
*Sin Sentido el Argumento Económico Justificativo
Por Alejandro Zapata Perogordo
La evolución arquitectónica de los países modernos contempla en sus diseños de gobierno, desterrar de la actividad política todas aquellas cuestiones que tengan que ver con decisiones de carácter técnico o bien, en materia de derechos humanos. Así han encontrado un sistema equilibrado de pesos y contrapesos mediante la creación de organismos autónomos.
En ese sentido México no fue la excepción al adoptar el esquema, dando vida a una serie de instituciones con funciones específicas, tratando de inhibir la influencia del poder político en ese tipo de decisiones, a la par que en su integración participa el legislativo, lo que obliga a buscar acuerdos y perfiles adecuados para la encomienda.
Una de las más importantes banderas de la izquierda consistió en el acceso a la información pública, complemento además del derecho de petición consagrado en el artículo octavo constitucional, al advertir una serie de acciones que permanecían ocultas por una parte y, por otra, necesaria para el combate al aún vigente lastre de la corrupción.
Después de intensos debates sociales y presiones políticas, se logró reformar el artículo sexto de la Carta Magna, obligando a todos los entes públicos a la transparencia e inclusive de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, prevaleciendo el principio de máxima publicidad, naciendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.
Cabe destacar que, bajo el sistema de autonomía constitucional, aplicando una política pública transversal, el organismo tiene injerencia prácticamente en la totalidad de las instituciones, sin restricción alguna, ya sea en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o en cualquiera otro donde se manejen recursos públicos, lo que posibilita funciones integrales.
Sin embargo, una de las premisas e inquietudes de la actual administración es la concentración en el Ejecutivo de todas las funciones públicas, lo que implica un proceso de desarmar lo construido y articularlo a modo, de tal manera que dependa como se ha realizado con otros organismos autónomos, de la presidencia.
Tal situación es a todas luces un franco retroceso, pues se deja al arbitrio de una parte obligada a la transparencia a determinar lo que se hace del conocimiento público y lo que no, circunstancia evidente de conflicto de interés, al ser juez y parte.
Además, actualmente el órgano autónomo tiene capacidad para intervenir ante los diferentes poderes, sin embargo, siguiendo la idea de incorporarlo al ejecutivo, resulta sobre la base de la división e independencia de cada uno, que se verá también limitada la transparencia en cuanto a el judicial y legislativo considerando el principio de no injerencia entre estos.
El argumento económico en aras de justificar la propuesta carece de sentido, huele más a pretexto que a una cuestión sustantiva, pues bien puede tener arreglo tomando otras medidas sin afectar los avances que su creación significa, en cambio, de llevarlo a cabo tiene como consecuencia trascendentes mermas a las libertades y al frágil sistema democrático.
La obcecada actitud de desmantelar las instituciones, incluso aquellas impulsadas por la izquierda, acredita una línea de pensamiento autoritaria comparable con la época feudal.
