Marco Antonio Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), afirmó que la toma de casetas representan pérdidas de casi siete mil millones de pesos de 2018 a la fecha.
El director de la AMCIV urgió a que se apruebe la iniciativa en el Senado en la que se detalla el castigo a esta actividad con la cárcel, siendo un alivio para concesionarios y usuarios.
El 15 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
Las penas de prisión van de los seis meses hasta siete años de prisión a quienes realicen este tipo de acciones.
El propósito de esta reforma es castigar a quien con fines de lucro interrumpen el tránsito de los medios de transporte y así cuidar la seguridad e integridad de los usuarios y de la ciudadanía en general, la transportación de mercancía y la economía nacional.
