*La Historia del Outsourcing aún no se Escribe
*Habrá Cambios que Satisfagan a las Partes
*Pide AMLO al Congreso Aplazar la Discusión
*Se Analizará en el Primer Periodo Ordinario del 21
Por Gerardo Lavalle
Irritado, con las navajas atadas a los espolones, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial lanzó el reclamo: “No jodan a la iniciativa privada”.
El vocablo hizo que en Palacio Nacional se sintiera un temblor de 7 grados Richter. Todo se movió.
Y en San Lázaro bajaron de la agenda la discusión de la iniciativa para “regular” –a idea era desaparecerlo- el outsourcing, porque los acuerdos a los que llegaron los empresarios con el Presidente de la República y su entonces enlace Alfonso Romo no se cumplieron.
Aquel 3 de diciembre, Carlos Salazar Lomelí explotó. Rompió su estilo de negociar y sucumbió al uso de palabras no escuchadas en público y pronunciadas por él.
Sin embargo, valió la pena el reclamo.
Desde el presidente López hasta los legisladores de Morena ahora coordinados por Ignacio Mier Velasco pasando por los asesores que encabeza Lázaro Cárdenas Batel, hubieron de recular.
Algo impensado en un gobierno centralista con tintes autocráticos en el que se hace lo que la cabeza del poder político ordena.
A quien se le ocurrió la idea de regular –desaparecer- la figura de subcontratación –quienes saben del tema aseguran que salió del cerebro de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social- no contó con la información más valiosa: el outsourcing da empleo a 4.5 millones de personas. De las empresas dedicadas al ramo algunas no cumplen con las obligaciones de ley y la funcionaria, el Presidente, sus asesores consideraron que “todas son iguales”.
Y sacaron la guillotina para arrancar todas las cabezas.
El sector privado, en su caso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pugnó por regularizar la actividad porque estaba consciente de que algunos subcontratistas actuaban al margen de la ley.
Desde hace seis meses se discute el tema. Reuniones fueron y vinieron hasta que la distancia entre las partes, Gobierno y CCE se hizo evidente y se rompieron todos los presuntos acuerdos firmados.
Como es su costumbre, el presidente López madrugó y presentó la iniciativa de ley ante los ante los diputados federales y el jefe político en turno de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila declaro el 12 de noviembre que no hubo acuerdo con los empresarios y que se analizaría la iniciativa en cuanto llegara. Recordó que en el Senado ya se tenía un dictamen desde 2019 pero ante la carencia de consenso se detuvo.
Sin embargo, aclaró que la propuesta se presenta en un “momento clave” para el país y tendrá
El objetivo de la reforma es evitar la evasión de impuestos, de cuotas del IMSS y del Infonavit, así como la defraudación fiscal y para que los trabajadores puedan tener seguridad social, salarios reales, recibir utilidades y liquidaciones conforme a la ley. Lo dijo durante una reunión virtual con empresarios independientes.
Ya se conocía la intención presidencial y por ello otro senador, Napoleón Gómez Urrutia, mostró su agradecimiento por haber sido perdonado, dejar de ser “perseguido político” y convertirse en uno de los 128 integrantes de la Cámara Alta.
Como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, brindó su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo en materia de regulación de la subcontratación, que tendrá como Cámara de Origen la Cámara de Diputados. (En diciembre de 2019, en comisiones unidas del Senado se aprobó un dictamen de reformas a las leyes de Trabajo y Seguro Social, en materia de subcontratación, que se generó a partir de una iniciativa de Gómez Urrutia).
Todo parecía planchado en San Lázaro y los diputados se aprestaban a obedecer la orden presidencial de aprobar de inmediato su iniciativa. Sin embargo, el Diablo metió la cola y todo se detuvo. Primero por las “negociaciones” entre las partes y después por el “no jodan”.
Por ello, el presidente López envió una carta en la que pidió “respetuosamente a los legisladores” posponer la discusión bajo el argumento de que “ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso”.
A pesar de la “buena voluntad” presidencial, está la trampa: que la iniciativa sea procesada preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse el año entrante.
De acuerdo con la más reciente reforma al artículo 71 de la Constitución, cuyo texto raza: El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. De la misma forma se les tramite preferente a las iniciativas que se hubiesen presentado por la ciudadanía en términos de la fracción IV del presente artículo y no se hayan dictaminado previamente a la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
Se haya conocido, la iniciativa enviada por el presidente López no fue con carácter de preferente y si el texto del 71 no miente, solamente puede presentarlas el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. ¿Acaso enviará otra? Es pregunta porque no queda claro el planteamiento.
Como fuere –porque de todas formas se hará lo que ordene- los empresarios tendrán casi dos meses de angustias y en espera de que finalmente los hayan escuchado y no haya necesidad de pronunciar otra vez ¡No Jodan a la iniciativa privada!
