La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto para legalizar el aborto, que pasará ahora al Senado para ser debatido en medio de amplias manifestaciones a favor y en contra de la norma.
Con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, el proyecto impulsado por el oficialismo – que estipula la interrupción legal y gratuita de los embarazos hasta la decimocuarta semana – fue aprobado por la Cámara baja. Se espera una votación más ajustada en el Senado.
«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia. El proyecto de ley de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) que enviamos al Congreso y que reconoce los derechos de las mujeres y otras personas gestantes tiene media sanción», dijo Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La iniciativa contempla un proyecto de ley paralelo para asistir a las mujeres que desean seguir adelante con su embarazo y enfrentan severas dificultes económicas o sociales.
Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es una promesa que el presidente Alberto Fernández reiteró desde el inicio de la campaña para las elecciones y su posterior llegada al poder, de la que ayer su cumplió un año, y hoy está más cerca que nunca de ser una realidad.
El proyecto que Alberto Fernández remitió al Congreso para su tratamiento el pasado 17 de noviembre otorga a «las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar» el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 de gestación.
Pasado este plazo sólo se podrá interrumpir el embarazo si este «fuera resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante» (la declaración jurada no será requerida para niñas menores de 13 años), o «si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante».
El aborto deberá ser practicado «en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento».
El costo del aborto será absorbido por el sistema público de salud y las distintas obras sociales, independientemente de la figura jurídica que posean, y estas «deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda».
Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
El proyecto establece una serie de condiciones bajo las que debe producirse el aborto, y estas incluyen el trato digno, por lo que el personal médico deberá respetar «las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar».
También deberá respetar la privacidad del paciente, y «sólo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización». El equipo médico deberá mantener la confidencialidad en todo momento y guardar el secreto médico durante el proceso de atención y también con posterioridad.
El proceso de interrupción del embarazo deberá ser de calidad, y tendrá que practicarse cumpliendo los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo se respetarán «las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva».
«Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad», recoge el texto.
