Por Itzel Toledo García
El martes 3 de noviembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con el transcurso de los días, los medios señalaron que los demócratas Joe Biden, vicepresidente durante la administración de Barack Obama, y Kamala Harris, senadora por California, triunfaron para ocupar los puestos de presidente y vicepresidente ante los republicanos Donald Trump y Mike Pence, quienes buscaban reelegirse en dichos cargos. Según el conteo de votos llevado a cabo hasta el 1 de diciembre, 80,925,383 estadounidenses votaron por Biden – Harris y 74,071,768 lo hicieron por Trump-Pence. A partir de estos votos, el Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre para emitir formalmente los votos presidenciales, los cuales serán contados oficialmente por el Congreso el 6 de enero de 2021.
Desde el día de la elección, Trump ha mostrado renuencia a aceptar la derrota y no fue sino hasta el 23 de noviembre que la Administración General de Servicios, organismo independiente del gobierno que ayuda al funcionamiento de las agencias federales en Estados Unidos, reconoció oficialmente a Biden como presidente electo y comenzó el proceso de transición entre gobiernos. En este contexto, archivistas e historiadores estadounidenses han mostrado su preocupación por los archivos presidenciales, pues temen que la administración actual no tiene la voluntad de resguardarlos de manera completa.
El 1 de diciembre, cuatro asociaciones no gubernamentales -el Archivo Nacional de Seguridad, la Sociedad de Historiadores de las Relaciones Exteriores de América, la Asociación Histórica Americana y Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington- presentaron una demanda contra Trump para asegurar la aplicación de la Ley de los Archivos Presidenciales de 1978 y evitar que se destruyan documentos durante la transición presidencial. Según esta ley, los documentos presidenciales son públicos, no privados, y es obligatoria la preservación de todos los documentos emitidos y recibidos por las oficinas de presidentes y vicepresidentes. Además, en 2014 se adhirió una prohibición de enviar documentos presidenciales a través de cuentas no oficiales, a menos de que se mande una copia a una cuenta oficial, con el fin de asegurar que todos los mensajes electrónicos sean localizables.
Para estas asociaciones, la falta de compromiso por parte de la administración actual de preservar documentos presidenciales dificultará el estudio para las actuales y futuras generaciones, quienes generen conocimiento sobre estos años desde distintas disciplinas como son el periodismo, la ciencia política, la historia y otras. La preocupación radica en que probablemente no quedarán muchos rastros sobre la manera en que se han tomado decisiones, se han descartado ideas y se han ejecutado políticas en el cuatrienio de Trump, así como todas las personas involucradas en estos procesos.
La preservación de los archivos durante una transición gubernamental no es un problema nuevo. Durante los procesos de independencia de las excolonias británicas en la segunda mitad del siglo XX, administradores coloniales procuraron destruir, quemar y hundir expedientes y algunos fueron enviados a Reino Unido. El objetivo era evitar que ciertos documentos llegaran a manos de los gobiernos independientes porque podrían poner en riesgo fuentes de información secreta o avergonzar al gobierno británico y otros gobiernos, así como miembros de la policía, el ejército, la función pública o informantes.
Por ejemplo, ante la independencia de Kenia en 1963 se calcula que la administración colonial eliminó 3.5 toneladas de expedientes y migró 1,500 expedientes a Reino Unido. Estos últimos debieron ser de acceso público desde la década de 1980, pero solamente llegaron a los Archivos Nacionales británicos en Kew entre 2011 y 2013, después de una demanda legal en que rebeldes Mau Mau exigieron reparaciones al gobierno británico por la represión sufrida en campos de detención entre 1952 y 1960. Previamente el gobierno británico rechazó durante cinco décadas la existencia de esos expedientes que se encontraban en un archivo secreto en Hanslope Park y que fueron solicitados por el Estado keniano.
La preservación de los archivos estatales, ya sean independientes o coloniales, durante periodos de transición, es algo importante en lo que deberíamos prestar mayor atención las y los ciudadanos. La preservación asegura acceso a la información del pasado de nuestras sociedades, pero también a la contemporánea y la del futuro. Además, es una buena oportunidad para reflexionar sobre el archivo no solamente como un contenedor de la información del pasado, sino como un espacio activo donde está en juego cómo se escribe la historia y se entiende el presente, es decir un espacio generador de conocimiento.
