La Alianza Federalista, en un ejercicio de comunicación efectiva, buscamos consolidar nuestro mensaje a través de canales ciudadanos, que comuniquen nuestras propuestas y afinen nuestros reclamos sin ruido reduccionista o interpretaciones dolosas.
Por ello, los mandatarios estatales Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado de Chihuahua; y Enrique Alfaro, Gobernador del Estado de Jalisco, en representación de la Alianza Federalista, participaron este jueves en el espacio El momento del federalismo mexicano, organizado, presentado y moderado por el presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, Salomón Chertorivski.
En dicho foro se reiteró la firme convicción de la Alianza Federalista de no romper con la unidad federal, asunto que expusieron bajo el marco del respeto y de la argumentación técnica. También se ponderó la necesidad de construir social y políticamente una agenda legislativa, así como una reforma integral al Sistema de Coordinación Fiscal por medio de la intervención de los Consejos Consultivos Ciudadanos por la Democracia y el Federalismo creados en los diez estados que componen el bloque aliancista.
Un punto clave en la discusión es que la Alianza Federalista no pretende romper con la Ley de Coordinación Fiscal, la cual en su origen establece que se trata de un acuerdo de voluntades en el que los estados ceden a la federación facultades en la recaudación y operación de recursos; sin embargo, dicho convenio contempla que si los términos y las condiciones no satisfacen las necesidades de las partes suscritas, éstas pueden abandonar dicho convenio, no en un ámbito y ánimo rupturistas, sino en un ejercicio de hacer valer las responsabilidades y las facultades contempladas y mandatadas por la Constitución.
A su vez, dejaron claro que nuestras propuestas en ningún momento plantean alejarnos de los principios de solidaridad y de subsidiaridad con nuestros estados hermanos. Consideramos que este principio es fundamental para establecer un federalismo fuerte y se debe respetar a toda costa; no obstante, también pensamos que la Ley de Coordinación Fiscal debe analizarse hasta sus cimientos y atender de manera específica las necesidades de cada una de las 32 entidades federativas.
¿Por qué tiene que haber en el país un Convenio de Coordinación Fiscal? ¿Por qué no puede haber un convenio específico para cada estado en función de sus circunstancias? La raíz del problema del Convenio de Coordinación Fiscal es que se trata de un acuerdo anacrónico, que desde hace mucho ya no responde con la realidad y circunstancias que vive México y que no pudo en los hechos cumplir con su objetivo principal; es decir, terminar con la desigualdad y la pobreza.
Que quede claro. Decir que se tiene que revisar el Sistema de Coordinación Fiscal en su conjunto no significa que exista un ánimo o intención de abandonar la idea de nación; por el contrario, consideramos que para que esa idea prevalezca y tenga porvenir es fundamental revisar los términos que le dan sentido y cohesión.
Por otro lado, este foro dio pie para expresar que en busca de una verdadera transformación social, económica y política, se debe llevar a la agenda de los aspirantes a la Cámara de Diputados el tema de la reformulación del Sistema de Coordinación Fiscal, pues es relevante en el sentido de que sus entidades requieren tomar en cuenta una nueva fórmula de distribución que sea del 70-30 y actualice tanto la fórmula de distribución como la clarificación de las cargas tributarias entre estados, municipios y federación, así como implemente las medidas de compensación o reciprocidad para entidades federativas: que saneen sus finanzas, ahorren y transparenten sus presupuestos; se sometan a reglas de austeridad, combatan realmente la corrupción y la impunidad, incrementen sus ingresos y su capacidad económica de contribución a la federación sin abandonar la corresponsabilidad de subsidiaridad con el país. Pero, sobre todo, que se tome en cuenta el peso específico de los estados en términos de su PIB estatal, generación de empleos, nivel de competitividad y competencia y hacer más equitativa la distribución de recursos.
Vivimos una etapa de reconcentración de funciones, de facultades y de recursos como no lo habíamos vivido en las últimas décadas en la vida del país. Este centralismo desmesurado de recursos y facultades es un atropello a la pluralidad que caracteriza las verdaderas democracias y el espíritu federalista. La extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos es un golpe contundente a los intereses de la sociedad mexicana, además de que abona a un escenario de discrecionalidad, centralismo y autoritarismo.
Llevar sin reglas claras de distribución, sin mecanismos de transparencia o incentivos en términos de su otorgamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin procesos de certificación para su valoración en proyectos y metas a corto, mediano y largo plazo; recursos que ya estaban depositados en fideicomisos para el cumplimiento de metas y objetivos, aumenta la oprobiosa dinámica de reconcentración autoritaria.
Aunque se nos acuse de politiqueros, seguiremos insistiendo en nuestra causa. La Alianza Federalista sigue y seguirá presentando controversias constitucionales por cada estado que representa. Esta problemática trastoca a todos, es hora de que se sumen de manera integral todos los afectados de acciones centralizadoras y opacas. Es necesario que aquellos que buscan representar a sus comunidades se sumen a la deliberación política y económica, porque no se trata de agendas cortoplacistas político-electorales, sino del bienestar, progreso y futuro de la nación.
