Por Jesús Michel Narváez
Desde el año pasado se anunció que la otrora poderosa iniciativa privada invertiría 33 mil millones de dólares. Pero algo pasó que enfrió los ánimos de los inversores y se inició un choque con el Gobierno que, por discursos y apariciones del señor Carlos Salazar Lomelí, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), parece haber vuelto el “calor de hogar” entre el binomio.
Sin embargo, se han anunciado dos paquetes de inversión por cerca de 400 mil millones de pesos –unos 20 mil millones de dólares- y se prevé que para febrero surja el tercero.
En la realidad se desconoce en dónde se hicieron las inversiones del primero y, por supuesto, se conoce que habrá recursos en uno de los mayores proyectos del sector energético: la planta de exportación de gas natural licuado de la empresa norteamericana Sempra Energy por 2,000 millones de dólares cerca del puerto Ensenada, en Baja California.
Hay versiones y más versiones pero no se advierte que los inversores nacionales y extranjeros hayan recobrado la confianza que tuvieron con gobiernos anteriores e incluso con el actual al inicio de su mandato.
Entre el Gobierno federal y la iniciativa privada nacional existe un distanciamiento que podría terminar en divorcio, porque al presidente López no le interesa que invierta en proyectos “que solo beneficien a los ricos”. Él quiere que apoyen sus programas llamados emblemáticos y que se asocien en otros en los que habrá inversión mixta.
Lo de la planta de gas estadounidense podría correr la misma suerte que la cervecera Constellation Brands aunque con otro razonamiento: la secretaria de Energía, Rocío Nahle aplica a pie juntillas la instrucción presidencial de “rescatar la soberanía energética” aunque el costo económico, que no político, lo pague el país.
El exceso de ruido del sector privado avalado por el eco de Palacio Nacional no ha tapado los altos tonos con los que el Presidente se ha dirigido a sus integrantes y el señor Salazar Lomelí, un hombre que construye consensos y mantiene la serenidad –obligadamente- solamente habla de generalidades sin precisar montos por obra de infraestructura y en donde se desarrollará. Porque una planta de gas por sí misma no es infraestructura que beneficie al país. Se requieren carreteras, puentes, vías ferroviarias, aeropuertos nuevos o ampliaciones; ductos para conducir gasolinas, diésel y gas; plantas generadoras de energías limpias, participación en zonas petroleras entregadas por la “mal llamada reforma energética” y coordinación con las empresas productivas del Estado para evitar los choques frontales que se han dado desde la llegada de este Gobierno.
No se sabe a ciencia cierta, por lo menos de manera pública porque en privado los actores que participan en las reuniones saben qué quieren y qué les dan, en dónde se realizarán las obras de infraestructura y cuándo comienzan. Porque todo ha quedado en anuncios formales y enfriamientos sin que sea temporada invernal.
Quizá sea este sexenio en el que menos han invertido los privados –a excepción de Carlos Slim que es el empresarios favorito del presidente López- y sus razones tendrán pero se advierte que les gustan las cámaras, los micrófonos y las fotografías. Siempre están dispuestos a la gráfica, la entrevista –con sus consentidos- y de las obras, ni hablar.
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