Por Jesús Michel Narváez
Darle la vuelta a la tuerca sin tener la llave adecuada, termina por enroscarse o romperse el tornillo. Aunque se hable de lo “avanzado” de la legislación para despenalizar el cultivo y consumo de la marihuana por “orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, hay vericuetos que no estaban contemplados y que “harán felices” a los campesinos, “víctimas por décadas” de la injusta justicia.
Con la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que será la instancia encargada de otorgar licencias y controlar el proceso de producción de la cannabis, los hasta “antes, con los de antes” perseguidos podrán ser los “grandes” cultivadores de la yerba y convertirse en los “mini-capos” de la “golden”.
Le escribo esto porque la orden de la Corte estaba dirigida a no criminalizar el consumo lúdico de la otrora famosa juanita hoy bastante devaluada frente al fentanilo, la droga “más poderosa” según los especialistas en la materia
La legislación aprueba que el IMRCC –no sé si ese será el acrónimo- otorgue licencias a los campesinos para el cultivo legal de la marihuana con la intención de que “el beneficio económico primero llegue a los más vulnerables”.
“Las licencias serán de una hectárea y al sector más vulnerable, a los campesinos más marginados y que han sido perseguidos precisamente por la prohibición, se podrá ampliar hasta 8 licencias -una por hectárea- hasta 8 hectáreas”, señala la nueva legislación.
De acuerdo con senador Julio Menchaca, de Morena -¿hay de otros?- el otorgar hasta 8 licencias que permitirán hasta 80 mil metros cuadrados de sembradío, se busca que los campesinos no estén sujetos a quienes deseen adquirir hectáreas y monopolizar el mercado.
No se aclara en la legislación si los cultivos en mayores espacios físicos seguirán siendo ilegales o si mediante una “comunicación a la autoridad competente” estarán en regla y operando mediante el pago de impuestos.
De lo que no hay duda es que el legislador fue más allá de lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación que obligaba a modificar la Ley General de Salud para que las personas pudieran tener sus propios sembradíos y producir la marihuana para su consumo sin tener espacio para comercializarla.
Tampoco queda claro cómo los mini-productores aspirantes a mini-capos llevarán sus productos del “campo al consumidor sin intermediarios” y qué papel jugará el nuevo Instituto, similar al de Para Devolver al Pueblo lo Robado, en el control real de la producción.
¿A quién venderán la marihuana que produzcan los “más vulnerables?
Muchas preguntas y pocas respuestas. Ah, pero los senadores presumen que se trata de una legislación de avanzada que “no ningún país del mundo”. Quizá sea cierto, porque la yerba dejó de ser un atractivo para los adictos. Hoy están en las alturas con otras drogas ilegales que, por cierto, se combaten a medias y el consumo aumenta.
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