Expertos de diferentes disciplinas sociales reflexionaron sobre los principales retos que enfrenta México en política, democracia, pobreza, desigualdad, economía y seguridad social.
Durante tres días, se dieron cita en el 13° Diálogo Nacional por un México Social. Hacia un Estado de Bienestar después de la pandemia, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) a cargo de Rolando Cordera.
En el encuentro que también incluyó conferencias magistrales, como “Estado de Bienestar, Pobreza y Desigualdad” en la que Fernando Cortés, especialista del PUED dijo que nuestro país ha hecho múltiples esfuerzos a lo largo de 20 años, con estrategias en pro de los derechos humanos, evaluaciones de la pobreza y mejoró su legislación; sin embargo, faltan políticas eficientes y programas con acceso a recursos.
“A partir de 1995 la política social se concentró en el tema de la pobreza, su evolución ha llevado a la percepción de que el gasto social de los gobiernos ha sido inefectivo y que debe ser sustituido por otro”, puntualizó.
Recordó que la pobreza es un problema complejo porque ésta aumenta debido al alza en los precios de los alimentos, el bajo aumento de los ingresos y el escaso crecimiento económico del país.
Es probable que tengamos que repensar cómo se estructuran los programas sociales desde una perspectiva de derechos para hacerlos coherentes, valoró el experto de la UNAM.
En tanto, José Nabor Cruz, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), comentó que la solución al problema de la pobreza y lograr el bienestar social no está en el corto plazo.
“Para avanzar hacia una dinámica de productividad laboral debemos contar con una estrategia sistémica a largo plazo, armoniosa en los ámbitos de política industrial, protección laboral, una política social universal, así como una correcta política ambiental”, estimó el también académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc).
Al participar en la mesa “Pandemia, Pobreza y Desigualdad”, Armando Sánchez Vargas, director del IIEc, consideró a la pandemia como un shock exógeno que tiene impacto directo en el mercado de trabajo y capitales, lo cual afecta la oferta, la demanda y se traduce en un deterioro de la economía del país.
Añadió que este proceso “ha sido dramático para muchas familias, en términos del acceso a derechos, especialmente para nuestro país con una base económica deteriorada que nos hace más vulnerables”.
Héctor Nájera Catalán, investigador del PUED, destacó que la encuesta realizada este año por el CONEVAL reflejará los cambios en los niveles de vida de la población debido a la pandemia, pero la información no estará disponible sino hasta el próximo año.
Hoy solo se cuenta con estimaciones derivadas de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, realizada por INEGI, que revela un incremento de la población disponible la cual pasó de 6.2 millones en septiembre de 2010 a 10.5 millones en este año, una tendencia que no se sabe si será permanente.
Para Curtis Huffman Espinosa, también especialista del PUED, consideró que otro aspecto de la pobreza es la vulnerabilidad alimentaria, la cual debe asociarse con la reducción en la cantidad y calidad de los alimentos, así como con el riesgo de afectar la estabilidad de la nación.
“El desarrollo de la actual crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad de mejorar nuestras medidas de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria, pues se debe identificar los grupos poblacionales en riesgo como un elemento crítico para prevenir la profundización de la pobreza”, estimó el investigador.
En la mesa cuyo tema fue “Protección y Seguridad Social”, Norma Samaniego, asesora académica del PUED y miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, comentó que, debido a la pandemia, el mundo nuevo del trabajo exige cambios radicales de contratación donde la tecnología y habilidades requeridas estarán sujetos a cambios continuos.
“La pandemia ha permitido que se acepte a población de cualquier tipo en las infraestructuras hospitalarias, y permitir la coordinación entre los médicos. Esto nos acerca un poco a lo que debería ser, situaciones críticas como éstas son las que muchas veces nos empujan a lograr algo mejor”.
Berenice Ramírez, académica del IIEc, estimó necesario definir qué tipo de bienestar se desea, pues éste tiene una relación directa con los derechos humanos y sociales.
“Para ser efectivos, tienen que concretarse en acceso universal, que cubra las necesidades de forma suficiente y eficiente y puedan ser sostenidos fiscalmente, en un ambiente de solidaridad, inclusión, participación y fortalecimiento de bienes públicos que permitan igualdad de posiciones y no solo de oportunidades”.
En su momento, Mario Luis Fuentes, investigador del PUED, subrayó que la nación debe contar con tres ejes transversales que son: protección de la niñez, perspectiva de género y no discriminación que deben implicar una nueva ingeniería institucional que vaya más allá.
“Una de las grandes necesidades de pensar de un sistema de bienestar es construir una política que lleve a fortalecer a las familias. Debemos aspirar siempre a restaurar las capacidades perdidas de aquellos que han sido vulnerados”, enfatizó el titular de la cátedra extraordinaria sobre Trata de Personas.
