Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la FuncIón Pública (SFP), afirmó que los procesos administrativos que ha realizado la dependencia en contra de funcionarios que dirige siempre han respetado el debido proceso.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Sandoval Ballesteros, quien ayer compareció ante la Cámara de Diputados, destacó más de cinco mil sanciones a servidores públicos que abusaron de sus encargos.
“Estamos dando muestras de que estamos decididos a terminar con las prácticas corruptas en esta nueva administración”, argumentó.
En lo que va de esta administración, la SFP ha concretado mil 712 inhabilitaciones, 282 destituciones, 382 sanciones económicas y 992 suspensiones impuestas por su Administración a servidores públicos, además de que se sancionaron a 321 proveedores y contratistas e impuestos multas resarcitorias por más de mil 500 millones de pesos.
Sandoval Ballesteros dejó en claro que la sanción de Función Pública a Rosario Robles, exfuncionario federal en la administración federal anterior “no tiene carga política”, y que la dependencia que dirige “se maneja bajo los más altos estándares de éica en cuanto a la aplicación a la ley, lo penal es otra cosa”.
Reveló que tanto Robles Berlanga como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, han recurrido sus sanciones ante tribunales administrativos, los cuales le han dado la razón a la SFP en dichas instancias.
Destacó la inhabilitación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett,
