En la antesala de su 85 aniversario, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se acerca a un nuevo periodo para la designación de su director general. Antes del 20 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá decidir si Mario Alberto Rodríguez Casas permanece en el cargo para un segundo periodo de tres años o modifica el rumbo de la institución educativa fundada por el general Lázaro Cárdenas el primero de enero de 1934.
La ratificación del actual director, designado en noviembre de 2017 por Enrique Peña Nieto, es una posibilidad real, aunque en la comunidad politécnica se mencionan algunos otros nombres de dentro y fuera de la institución.
A diferencia de otras casas de estudio, donde son públicas las candidaturas y en las que interviene de manera directa la comunidad o una junta de gobierno o directiva, el artículo 12 de la Ley Orgánica del IPN otorga esa facultad exclusiva al Presidente de la República, en un cargo que durará tres años, con posibilidad de un segundo periodo.
Éste sería el caso de Rodríguez Casas, ingeniero bioquímico por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), con una amplia carrera académica y burocrática en el instituto y fuera de él, muchas veces al lado de Enrique Villa Rivera, director general del IPN entre 2003 y 2009, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Incluso, se dice que Villa Rivera todavía tiene una fuerte y decisiva influencia en el Instituto.
Junto con el nombre del actual director, se citan también los de Guadalupe Vargas Jacobo, actual secretaria general del Politécnico y egresada de la Escuela Superior de Turismo. Ésta sería la primera ocasión en que una egresada de esta disciplina llegara a la dirección general del IPN, y la segunda mujer, luego de Yoloxóchitl Bustamante, quien debió renunciar al cargo en su segundo periodo, obligada por el movimiento estudiantil de 2014, ante el rechazo de modificaciones al reglamento interno.
Con menos posibilidades, se citan los nombres de Eleazar Lara Padilla, secretario de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (Cofaa) del IPN; Jorge Toro González, secretario académico, egresado de la Escuela Superior de Físico Matemáticas, y Jorge Maciel Suárez, profesor emérito de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime). Entre los requisitos está ser egresado del IPN, factor que limita las opciones para el presidente.
La gestión de Rodríguez Casas ha sido cuestionada por manejos poco transparentes, sobre todo con los recursos de su Fideicomiso –que incluso tenía prestación de servicios en el fallido nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco– y subejercicio presupuestal. Ambas acusaciones son rechazadas por el Instituto.
También ha apostado a la Educación 4.0 y el uso de tecnologías, aunque la pandemia del Covid-19 reveló que la institución todavía está muy lejos de tener la estructura para una educación de estas características.
Otro tema que ha impulsado es la ampliación de la cobertura y oferta educativa, así como el equipamiento e infraestructura. Sin embargo, este último punto se vio interrumpido seriamente por el sismo de septiembre de 2017, que dañó de manera grave instalaciones del IPN y se debieron destinar recursos y tiempo a la reconstrucción de una docena de edificios. El proceso apenas concluyó. La realización del Congreso Nacional Politécnico también es un pendiente.
La violencia de género, una problemática ignorada por años en el IPN, en fechas recientes ya aparece en el discurso oficial, pero quizá tardará en hacerse presente con mayor fuerza.
