Los chilenos aprobaron por una aplastante mayoría reemplazar la actual Constitución, redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y avanzar en la redacción de una nueva a través de una asamblea elegida exclusivamente para ese propósito, en una jornada histórica tras el estallido social del año pasado que abrió la puesta al cambio.
“Oh, Chile despertó, Chile despertó”, gritaron las miles de personas que se congregaron en la céntrica plaza Italia de Santiago, para celebrar el triunfo por un 78.27% de la opción “Apruebo” al cambio constitucional, versus el 21.73% que obtuvo la alternativa por el “Rechazo”.
“Ni de joven pensé que en Chile seriamos capaces de unirnos para semejante cambio (…) Nunca vi tanta gente votando y con ganas de votar, de querer participar”, dijo María Isabel Ñúñez, de 46 años, ejecutiva de ventas de un banco, quien caminaba de la mano junto a su hija de 20 por la céntrica plaza de Santiago, epicentro de las manifestaciones que estallaron hace un año en Chile.
Al interior del palacio de gobierno, fuertemente custodiado por la Policía, el presidente Sebastián Piñera -que se mostró neutral frente al referéndum- pidió a los chilenos que la nueva Constitución sea un marco de “unidad” para el futuro.
“Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro”, dijo el mandatario, escoltado por todo su gabinete de ministros.
Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó en la histórica votación, se impuso con un 79.06% la opción de la convención constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria.
Las 155 personas que integrarán la convención ciudadana que redactará la nueva Constitución serán elegidas por votación popular el 11 de abril del año que viene y a partir de entonces tendrán un margen de nueves meses, prorrogables una sola vez por tres meses más, para elaborar el texto de la nueva Carta Magna.
El texto resultante será sometido a un referéndum, ya en 2022, que será de voto obligatorio y en el que los ciudadanos decidirán si lo aprueban o rechazan.
Tras posponerse en abril debido a la propagación del Covid-19, las autoridades decidieron llevar adelante el plebiscito bajo estrictos protocolos sanitarios.
La oposición de izquierda se mostró partidaria del cambio en todo momento mientras que los cuatro partidos de derecha que integran la coalición gubernamental se mostraron divididos, entre los que defendían a ultranza el cambio constitucional y quienes apoyaban elaborar un nuevo Texto Fundamental.
El acuerdo político para abrir la puerta a una nueva carta magna surgió tras una ola de protestas del año pasado, originadas en reclamos que van desde críticas al sistema capitalista hasta mejorar condiciones en salud y educación.
La votación, la más importante en tres décadas de democracia, se planteó precisamente como la vía institucional para poner fin a la mayor crisis social desde el retorno a la democracia, que dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos, además de graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Ideada por el neoliberal Jaime Guzmán, aunque reformada más de 50 veces en democracia, la Constitución de Pinochet es considerada la madre de las desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos.
Para gran parte de la sociedad chilena, el triunfo del “apruebo” supone una victoria de las demandas ciudadanas por un modelo socioeconómico más justo que emanaron de las calles en 2019 y que clamaban por “más derechos social.
