Los países del continente americano deben priorizar el enfoque en derechos humanos al combatir la pandemia de la COVID-19, que ha visibilizado grandes brechas de desigualdad y discriminación en la región, dijo este jueves Amnistía Internacional en una carta abierta a los jefes de Estado que asistirán a la asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«La estrategia para combatir la pandemia de la COVID-19 en muchos países de las Américas se ha caracterizado por el empleo de medidas represivas y el uso innecesario de la fuerza. Estas medidas, sumadas a los desafíos estructurales y las grandes brechas sociales y económicas que anteceden a la pandemia, coadyuvan a perpetuar la desigualdad», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y recoge un boletín.
En países como El Salvador, Paraguay y Venezuela, entre otros, las «estrictas medidas» para combatir la propagación del coronavirus «incluyeron que decenas de miles de personas fueran confinadas en centros de cuarentenas administrados por el Estado bajo custodia policial o militar».
Según la ONG, estas cuarentenas obligatorias se llevaron a cabo sin «medidas mínimas de protección» y «control de las infecciones».
«Y sin garantías de procedimientos independientes que cumplan con lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, lo que podría constituir una detención arbitraria», advirtió Amnistía, quien también alertó de posibles situaciones discriminatorias, además de falta de insumos básicos, en algunos centros.
Por otra parte, AI subrayó que en países como Chile y Nicaragua se han cometido en años recientes violaciones de derechos humanos como la tortura.
«Es indispensable que los miembros de la OEA, en virtud de la obligación compartida de garantizar derechos humanos, urjan a las autoridades nacionales competentes a investigar seria y exhaustivamente dichas situaciones», apuntó el texto.
En el caso particular de Nicaragua, es «imperativo» que se tomen medidas para prevenir el contagio de la COVID-19 en el país, se libere a las personas detenidas sólo por ejercer sus derechos y se implementen acciones para proteger a quienes se desempeñan en el sistema de salud nicaragüense.
Por otro lado, la cooperación entre los Estados de las Américas debe garantizar que los tratamientos médicos para combatir la COVID-19 y la potencial vacuna «estén disponibles y sean accesibles sin discriminación».
Este apoyo sanitario a la población debe darse «estableciendo medidas especiales para apoyar a los grupos específicos que corren un mayor riesgo ante el virus, o cuya posición marginal significa que podrían quedar rezagados al acceso a las vacunas o a los tratamientos», advirtió la ONG.
«Los Estados de las Américas deben procurar evitar enfoques exclusivamente nacionales en la asignación de tratamientos y eventual vacuna contra la COVID-19. La cooperación internacional debe centrar sus esfuerzos a fin de evitar que acuerdos bilaterales se impongan sobre las necesidades regionales de toda la población continental en su conjunto», dijo Guevara-Rosas.
Asimismo, AI consideró que en este momento histórico es «indispensable» contar con un sistema Interamericano de derechos humanos fortalecido.
En este sentido, la organización exige a los Estados miembros de la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, que respeten la «autonomía y la independencia» de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.
Una delegación de Amnistía Internacional estará presente durante el 50 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, del 15 al 21 de octubre.