El bloque de gobernadores denominado “Alianza Federalista” ha expresado su rechazo a que la Secretaría de Hacienda “recoja” el dinero de los Fondos y Fideicomisos, como se aprobó en la Cámara de Diputados, y aseguró que dicha medida no ayuda a erradicar ningún acto de corrupción.
Reiteraron los gobernadores que, de haberlo, debe perseguirse conforme derecho. Expresaron que la legislación no sanciona con la extinción de fideicomisos conductas punibles por actos de corrupción.
A través de un comunicado, cuestionaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se refirió “en forma insidiosa” a quienes se oponen a la extinción de 109 Fideicomisos, quien señaló esta mañana que todos aquellos que defienden que no se erradiquen, son los mismos que “están defendiendo la corrupción”.
Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través del Secretariado Técnico de la Alianza, sostienen que la legislación vigente solo prevé la extinción de Fideicomisos cuando éstos se constituyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la extinción de un fideicomiso conductas tipificadas que pudieran ser consideradas como corruptas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción.
Señalaron que sería desproporcionado que se sancione al objeto y beneficiarios de un fideicomiso por conductas imputables a personas.
“Por eso la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito sólo consigna la extinción del fideicomiso cuyo objeto sea en sí mismo fraudulento”, expresaron.
Agregaron que, en todo caso, la mayoría de los Fidecomisos bajo asechanza son responsabilidad de la rectoría del Gobierno Federal desde diciembre del 2018.
La Alianza Federalista categóricamente niega defender la corrupción que pudiera presentarse en cualquier fideicomiso y que, de haberla, debe ser acreditada bajo el debido proceso de ley.
Por último, hicieron un “atento pero puntual llamado” al Senado de la República, mismo que extendieron a todos los posibles e innúmeros afectados con la posible extinción legislativa de los fideicomisos y el “recogimiento” de sus bienes y derechos, para impedir “que esta reforma se convierta en daño irreversible”.
