La obligación primordial del Estado debe orientarse a lograr una efectiva inclusión de todas las personas, sostuvo el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, quien advirtió que las acciones afirmativas que se han impulsado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de sectores vulnerables pueden llevar a segregar a algunas personas o grupos.
Al impartir la Conferencia magistral: «Igualdad, diferencias y elecciones», en el marco del XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los Dilemas de la Democracia en América Latina, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), subrayó que las acciones afirmativas son instrumentos efectivos para la igualdad sustantiva.
Estableció las ventajas y desventajas que tienen las acciones afirmativas o medidas especiales que se han adoptado para garantizar la representación política de grupos históricamente olvidados, pero aplicarlas ciegamente o de forma desmedida puede tener un efecto contraproducente y podrían generar una fragmentación de la sociedad y la exclusión de esos grupos.
“El tema central era el de la igualdad y si bien veo con simpatía muchas de estas acciones afirmativas, también veo como preocupación el riesgo de la atomización de nuestra sociedad en la pulverización de la representación”, agregó, ya que consideró que a medida que se conciben acciones afirmativas cada vez más diferenciadas con grupos identitarios más pequeños o específicos, se incrementan los riesgos.
Edmundo Jacobo precisó que la democracia es un tema político que tiene que ver con los procesos de toma de decisiones, basados en la pluralidad y la diversidad, sobre todo en la igualdad.
Enfatizó que en las últimas reformas políticas se han adoptado mecanismos o figuras que fortalecen los derechos político-electorales, como son las acciones afirmativas para garantizar la participación política de las mujeres, grupos y comunidades indígenas; mexicanos que viven en el extranjero; migrantes; jóvenes; personas con discapacidad, adultos mayores y trans.
Sin embargo, “la tendencia actual de aplicación inercial o ciega de acciones afirmativas representa un dilema, porque puede llevar a segregar a las personas pertenecientes o identificadas con uno de esos grupos, cuya representación se busca, al potenciar a otras; es decir derechos de unos, sobre derechos de otros perdiendo el basamento fundamental de la igualdad económica y social, de oportunidades, de acceso a la educación, a la salud, a la alimentación y al trabajo”, señaló.
Mencionó que una de las grandes críticas a la política identitaria es que no da cabida a la interseccionalidad. Es decir, no contempla que una persona, además de ser mujer, pueda ser indígena, miembro de una comunidad sexual, joven o mayor de edad, etcétera.
El Secretario Ejecutivo del INE agregó que, entre otros riesgos, está el nacimiento de grupos radicales conservadores; que las medidas impidan la reconciliación entre los grupos social y económicamente desprotegidos y quienes pertenecen a grupos sociales dominantes o bien, el abuso o el fraude.
Instituciones deben dictar medidas de protección a las víctimas
Durante el desarrollo de trabajos del Congreso, la Consejera Claudia Zavala participó en el Panel: «La materialización de la reforma de violencia política contra las mujeres en razón de género en México: alcances y desafíos», en el que abordó el papel de las instituciones y la obligación de las autoridades para garantizar los derechos políticos de todas las personas libres de violencia.
“Cualquier persona que tenga la intención de participar en las contiendas políticas, en la política pública debe tener un comportamiento democrático y eso implica no ejercer violencia y mucho menos contra las mujeres, porque las mujeres tienen derecho a ejercer sus derechos libres de violencia”, afirmó.
La Consejera Zavala destacó como desafíos, la lectura del derecho con perspectiva de género, el trato a las víctimas y la acción de las autoridades ante la violencia política contra las mujeres “y si procede dictar medidas de protección, procede y si procede declarar a una persona responsable por violencia, la declaramos, las consecuencias no deben de ser parte del análisis si puede competir o no”, estableció.
Asimismo, el Consejero Uuc-kib Espadas coordinó y moderó la Mesa “Opinión pública y comunicación política”.
