El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afronta la segunda parte de su juicio de extradición a Estados Unidos, después de que este país ampliara a última hora sus acusaciones, si bien mantiene los mismos 18 cargos de espionaje e intrusión informática penados allí con hasta 175 años de cárcel.
Se prevé que Assange, de 49 años, comparezca el lunes ante el tribunal penal londinense de Old Bailey desde el centro de alta seguridad de Belmarsh, donde sigue en prisión preventiva después de que en marzo la jueza Vanessa Baraitser le negara la libertad condicional por mala salud, al considerar que presenta riesgo de fuga.
El proceso, que empezó el 24 de febrero e iba a continuar en mayo, quedó pospuesto hasta ahora por la pandemia, periodo durante el cual el australiano ha tenido dificultades para comunicarse con sus abogados, según ha denunciado su pareja y madre de dos de sus hijos, Stella Moris.
En junio, la Justicia estadounidense -representada en Reino Unido por la fiscal Clair Dobbin, entre otros- emitió por sorpresa un nuevo auto de procesamiento, donde, si bien mantiene los cargos iniciales, amplía el alcance de varios de ellos y las pruebas que los sustentan.
Al formalizar en agosto una segunda petición de extradición con base a ese auto, Dobbin indicó que el delito de intrusión abarcará no solo los tratos en 2010 con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning), sino también con otras personas con las que Assange habría conspirado entre 2009 y 2015 para publicar información clasificada en su portal digital.
Según fuentes cercanas al caso, esto podría estar destinado a aumentar las probabilidades de extradición por ese delito si, como quiere la defensa, el tribunal finalmente desestima las alegaciones relativas a Manning.
En la sesión que se realizará el lunes, es posible que el fundador de Wikileaks, imputado inicialmente por Washington en abril de 2019, vuelva a ser “detenido” formalmente en virtud de esa nueva solicitud de arresto y entrega.
Aunque la defensa, encabezada por Edward Fitzgerald y Mark Summers, criticó el tardío auto, ha aceptado seguir con el proceso en septiembre sin pedir prórroga, para evitar, entre otras cosas, que quedara postergado hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Después de que en febrero Assange rechazara su extradición, estaba programado que en las próximas tres a cuatro semanas su equipo legal llamara a declarar a varios testigos, entre ellos el académico estadounidense Noam Chomsky o el abogado español Aitor Martínez.
Al rebatir la entrega al principio del juicio, Fitzgerald argumentó que los cargos de espionaje y fraude informático por las revelaciones de WikiLeaks en 2010 tienen “motivaciones políticas”, y sostuvo que su cliente no afrontará “un juicio justo” en EE.UU., además de que presenta “riesgo de suicidio”.
Adujo que la solicitud de la Justicia estadounidense es “un abuso de proceso”, dado que ignora la cláusula en el tratado extraditorio bilateral que prohíbe las entregas por “delitos políticos”.
Señaló que EE.UU. reabrió el caso en 2017 después de que el Gobierno de Barack Obama decidiera no imputar al periodista por el precedente que sentaría para la libertad de prensa y añadió que su cliente fue espiado a petición de Washington por una empresa española cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres.