La juez de control María Guadalupe Hernández dictó ayer por la mañana prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2104, y cuyo destinatario final habría sido el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
A cambio, el ex mandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jáquez para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no ocurrió. Lo anterior, según el agente del Ministerio Público local que formuló los cargos contra Collado, en audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche, confirmó que Salinas de Gortari es señalado y podría ser citado a declarar ante tribunales locales, para que rinda información por los hechos que se le atribuyen, pero lo tendrá que valorar el Ministerio Público.
De acuerdo con la declaración del testigo de identidad reservada FOB57RA/2019, a finales de 2012 Duarte Jáquez recibió a Salinas de Gortari y a Collado en su rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, para pactar el apoyo del ex presidente en la aspiración de dirigir el tricolor.
Juan Collado compareció ante el tribunal en Chihuahua por videoconferencia desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y la jueza María Guadalupe Hernández le dictó prisión preventiva y fijó el próximo 6 de septiembre como fecha para la audiencia de vinculación a proceso.
La diligencia inició a las 11 de la mañana del miércoles y concluyó a las seis de la mañana de ayer; ahí, Collado, acompañado de dos abogados, escuchó los cargos que le formuló la fiscalía de Chihuahua, y ejerció su derecho a no declarar.
Según el testigo, César Duarte pidió a Carlos Salinas que lo apoyara para ocupar la dirigencia nacional priísta y ordenó el desvío de recursos públicos por 13.7 millones de pesos, que fueron entregados a Juan Collado con la justificación de asesorías jurídicas, las cuales no proporcionó.
Entre 2013 y 2014 Collado recibió cinco transferencias bancarias que sumaron 13 millones 780 mil pesos, por instrucción de Duarte Jáquez debido al compromiso que asumió con Salinas a cambio de recibir su respaldo.
La FGE presentó como evidencias los comprobantes de las transferencias bancarias desde dos cuentas del gobierno de Chihuahua a una perteneciente al imputado, la número 0451218506, de BBVA Bancomer.
Según el Ministerio Público, Juan Collado, junto a distintos servidores públicos y personas externas, concertaron y efectuaron el desvío de los 13 millones 780 mil pesos del erario, entre enero de 2013 y marzo de 2014.
Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del gobierno del estado, a cargo del panista Javier Corral Jurado, informó que Juan Collado es acusado de peculado agravado, según la causa penal 778/200.
El miércoles, Corral Jurado afirmó que los 13.7 millones de pesos fueron para cumplir un compromiso de César Duarte con Carlos Salinas para que lo impulsara a la dirigencia nacional del PRI, incluso hay quien dice que tuvo aspiraciones de ser presidente de la República.
En contubernio con el ex presidente, el entonces gobernador acordó la extracción de esos recursos que eran patrimonio de los chihuahuenses; convinieron sacar recursos por la vía de este abogado (Juan Collado) y el modelo operó en otros estados.
Señaló que Collado habría operado el desvío de recursos públicos en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa mediante el mismo esquema que utilizó en Chihuahua, un método de simulación con el cual facturaba cantidades millonarias por servicios o asesorías de tipo jurídico.
Juan Collado fue detenido el 9 de julio del año 2019 por la Fiscalía General de la República, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
César Duarte está preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio pasado y en espera de ser extraditado a México para que responda ante las autoridades de Chihuahua y las federales por acusaciones de actos de corrupción.
