Por Miguel Tirado Rasso
Lo que, en un principio, parecía una simple ocurrencia, mera retórica política, sin ninguna posibilidad de llevarse a la práctica por su contradicción a lo que mandatan las leyes en un estado de derecho, inimaginablemente avanza.
Y es que, la necesidad de un distractor magno, capaz de mantener a la opinión pública alejada de los temas que golpean nuestra realidad cotidiana, está haciendo posible que la consulta popular, para enjuiciar a los ex presidentes de la República, vaya tomando forma y avance, sin que haya quién se atreva a denunciar la ilegalidad de semejante medida que hace a un lado el compromiso de quienes, al asumir su cargo en el servicio público, protestaron “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la leyes que de ella emanen” (Arts. 87 y 128 Constitución).
Del tamaño del absurdo jurídico, es la gravedad de los problemas que aquejan al país agravados, en este 2020, por una inesperada pandemia de coronavirus que vino a empeorar una, de por sí, ya lastimada economía en recesión de (-) 0.1 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que significó, en 2019, la menor tasa de crecimiento en los últimos 10 años. El cálculo para este año es de una caída del 9.97 por ciento en PIB (Banxico). Por otro lado, la inseguridad continua incontrolable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), de marzo pasado, un altísimo porcentaje de la población (73.4 por ciento) se siente insegura en su ciudad.
Para colmo, el Covid-19, por sí mismo, nos colocó en una emergencia sanitaria de pronóstico reservado, en la que los contagios y decesos continúan incontenibles, llegando a cifras que, ni con el peor pesimismo, hubiéramos imaginado: casi 600 mil contagiados y más de 65 mil muertos en seis meses. Y qué decir de los daños colaterales por las medidas de contención. En abril de este año se perdieron 2.1 millones de empleos formales y 10.4 millones de empleos informales (Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, INEGI). El porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.7 por ciento a 54.9 por ciento (CONEVAL) y, según cálculos de la CANACINTRA, para finales de este año cerca de 500 mil empresas habrán desaparecido.
Pero esos son los temas que incomodan. El tema que importa ahora, es el de la consulta ciudadana para juzgar a los ex mandatarios mexicanos que viven. Bueno, a casi todos, aunque la jugada va contra tres, que ya fueron balconeados con la publicación de la denuncia del imputado y/o testigo-colaborador Emilio (N), que, en busca del beneficio del criterio de oportunidad, “armó” una acusación, a modo, con muchas afirmaciones, aunque pocos elementos de prueba, lo que parece no ser importante.
En respaldo a la propuesta presidencial de consultar al pueblo si se debe o no juzgar a los ex mandatarios, los senadores y diputados de Morena se volcaron, en una competencia, por ganarle a su colegisladora el privilegio de ser los primeros convocantes de la consulta. La Constitución (Art 35) establece que procede la consulta popular por convocatoria suscrita, indistintamente, por el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, por un tercio de legisladores de cualquier cámara o por petición del Presidente de la República.
Para mayor seguridad de que la consulta no se les vaya a cebar, los de la 4T parecen dispuestos a intentar las tres vías que establece la ley para la convocatoria. A través de sus bancadas en el Congreso y recabando firmas ciudadanas, en mesas públicas, algunas con sugerentes y llamativos mensajes como “¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel? Firma aquí.” Además, el propio primer mandatario, contra su afirmación, de hace unas semanas, de votar en contra del juicio a los ex presidentes, si se diera la consulta, recién ha dicho que no descarta convocarla él mismo. Una contradicción difícil de entender: si no está a favor ¿cómo es que la apoya?
Esta consulta no tiene mas sentido que el ser un distractor, provocar escándalo mediático, promover una condena popular, incitar al linchamiento y obtener ventaja política para el proceso electoral de 2021. Jurídicamente no tiene sustento, porque de antemano está cancelando el principio de presunción de inocencia, sin ninguna investigación previa; presupone la existencia de delitos (corrupción) y señala culpables, sin previo juicio; plantea una acusación en paquete (contra varias personas, sin distinción); de acuerdo con la propia Constitución (Art. 35), es improcedente en la restricción de derechos humanos; implica someter el ejercicio de las funciones de la Fiscalía General de la República al resultado de la consulta, y porque la aplicación y cumplimiento o no de una ley, no puede depender de una consulta popular, por mencionar algunas de las causas de improcedencia.
De acuerdo con nuestra Carta Magna, la Suprema Corte deberá resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, antes de que el Congreso realice la convocatoria (Art. 35, frac Vlll, inciso 3). Así que pudiera ser que esta argucia se deseche más pronto de lo que algunos quisieran.
Septiembre 3 de 2020.
