“Una mayoría insensata e irracional, por decir lo menos, atropella el Estado de Derecho y la legalidad en Baja California Sur”, fue la acusación que el gobernador Carlos Mendoza Davis lanzó ayer contra los 13 diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) que buscan tomar el control del Congreso local mediante la destitución de los ocho legisladores de los partidos minoritarios.
El sábado pasado, los ocho diputados de minoría fueron sometidos a juicio político por la fracción de Morena y PT argumentando ausentismo, lo que derivó en la destitución de cinco y la amonestación de tres legisladores, pese a que desde el 14 de agosto, un juez federal ordenó suspender el procedimiento.
Este fue el segundo intento de la fracción de Morena de destituir a la oposición, ya que el 27 de marzo realizaron este mismo proceso, el cual carecía de validez, pues los trabajos legislativos estaban suspendidos desde el 17 de ese mes por la emergencia sanitaria del Covid-19 y además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atendiendo una controversia constitucional promovida por el gobernador, resolvió el 3 de junio restituir a los diputados cesados y desconocer todo trabajo del Congreso posterior a la suspensión de actividades.
El conflicto en el Congreso inició desde el 6 de marzo, cuando la fracción de Morena, que integra 13 de los 21 diputados locales, decidió realizar, en sesión privada, cambios en áreas y comisiones del Poder Legislativo, sin embargo, Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva, indicó que la Ley Reglamentaria exigía que para realizar estos cambios se requerían la aprobación de las dos terceras partes (14) de la totalidad de diputados.
El 17 de marzo, Morena desconoció la suspensión de trabajos legislativos anunciada por Rubio Avilés, y continúo sesionando sólo con sus 13 legisladores que nombraron a Mercedes Maciel Ortiz como presidenta de la mesa directiva.
Para el 29 de abril, además de contar con dos presidentas de Mesa Directiva, el Congreso suma 29 diputados, pues tanto el grupo de Morena como el de oposición, llamaron a los legisladores suplentes para conformar la totalidad del Congreso. Ante esta crisis legislativa, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció el 6 de abril que no publicaría en el Boletín Oficial del estado ningún resolutivo que emanara del Congreso, sin embargo, el 30, la Corte Suprema ordena al mandatario revertir esta decisión.
Luego de que el máximo tribunal del país restituyera a los diputados de oposición el 3 de junio, el día 27, convocados a sesionar en un hotel de La Paz, los diputados de Morena intentaron un segundo juicio político contra sus opositores, quienes acuden a instancias judiciales federales para impedirlo y obtienen respuesta el 14 de agosto, cuando la jueza Nadia Moreno concedió una suspensión provisional contra el juicio político y citó a una audiencia el 24 de agosto, la cual fue pospuesta hasta el 18 de septiembre.
Sin embargo, el pasado sábado los legisladores de Morena, pese al mandato judicial, destituyeron a cinco diputados lo cual fue calificado como un atentado a la democracia por la Asociación de Gobernadores del PAN. Con información de Juan Pablo Reyes
