La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de control del reclusorio Norte, una nueva audiencia con el reconocido abogado Juan “N” para imputarle un nuevo delito por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La audiencia, esta programada para este miércoles a las 10 de la mañana a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19.
El reconocido abogado, quien ha llevado asuntos de personalidades importantes como el ex presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en julio de 2019 y enfrenta un proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 5 de febrero, la fiscalía solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, se declare penalmente responsable al abogado penalista porque puso “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al omitir reportar ganancias derivado de la participación en la empresa Libertad Servicios Financieros.
En la nueva imputación, la fiscalía considera que Juan se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la (pena) mínima”, al tomar en consideración la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba al momento del hecho delictivo, “como un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”, circunstancias que lo obligaban a comportarse de distinta manera.
En la audiencia de este miércoles, la FGR le imputara el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que significara la segunda causa penal en su contra.
De las investigaciones que lleva a cabo el ministerio público de la federación se desprende que
Juan “N” través de Libertad Servicios Financieros realizó transferencias financieras a España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de los recursos, además de que simuló la compra de otras compañías.
Por estas transferencias, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una querella donde lo acusa acusó de conformar un “grupo delictivo” que, desde hace nueve años, bajo un reparto de funciones esenciales, lograron vender ficticiamente una propiedad que fingieron adquirir y no les pertenecía.
Tras su captura en junio de 2019, la FGR consiguió que el juez federal, Eduardo Velázquez Rea, lo procesara por crimen organizado en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la venta presuntamente ilegal de un terreno en Querétaro por 24 millones de pesos.
