El encuentro de los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando con diversos funcionarios del actual gobierno es una oportunidad para poner fin a la impunidad y después de él se debe agilizar el proceso de identificación de los restos mortales entregados a algunas familias y los apoyos urgentes que éstas necesitan, señaló la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
En un comunicado, la organización civil y colectivos de familiares celebraron la “voluntad política” del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para apoyar una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para lograr un encuentro diplomático de alto nivel con los gobiernos de Guatemala y de Brasil.
El objetivo de dicha reunión, enfatizó el organismo, es que “se puedan llevar a cabo las exhumaciones en dichos países y que las víctimas puedan terminar con la tortura de no tener la certeza de que los restos que les fueron entregados, sean de sus familiares”.
El acuerdo que se tomó para retomar los trabajos de la Comisión Forense e integrar a la Fiscalía de Tamaulipas y a la Comisión de dicho estado, dijo la FJEDD, “ayudará a contar con la información que se requiere para continuar con la identificación de los restos pendientes de las tres masacres materia de dicha Comisión”.
Las organizaciones de familiares y la FJEDD señalaron que en la reunión de ayer lunes cuestionaron a las autoridades mexicanas por el hecho de que a una década de ocurrida la masacre, “no hay sentencias y no se ha investigado nada”, porque la forma de realizar las indagatorias “no sirve”.
De igual forma, lamentaron que “la Fiscal de Derechos Humanos (Sara Irene Herrerías) no haya llegado con una respuesta concreta por parte del Fiscal (Alejandro Gertz) sobre los planteamientos que se le han realizado”, al tiempo que subrayaron que está en manos de dicho funcionario y de otras instituciones “el poner fin a la impunidad en la que se encuentran estos casos clasificados como graves violaciones a los derechos humanos”.
Luego de indicar que la aplicación del modelo de investigación de estos temas “es una cuestión de voluntad política y de aplicar la ley”, recalcaron que “fue lamentable que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no haya llegado con una propuesta clara para que se puedan resolver necesidades inmediatas de las víctimas, ya que muchas de ellas están en riesgo grave de salud”.
Pese a ello, consideraron positivo que esta misma semana se tendrán reuniones con dicha institución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos para poder encontrar una solución inmediata en materia de apoyo médico y alimenticio.
“Esta solución será un modelo integral de reparación, parecido al que se ha llevado a cabo en el caso de Cadereyta, donde parte de la reparación sea la identificación de los restos, los procesos de justicia, de apoyos integrales y garantías de no repetición.
“Por otra parte, como parte de las garantías de no repetición, se considera positivo la celebración de las mesas de trabajo con el gobierno de Tamaulipas, las cuales deberán tener como base las estadísticas de delitos cometidos contra personas migrantes en la región”, dijeron.
Las organizaciones de familiares y la FJEDD insistieron: “Este gobierno tiene la oportunidad de plantear una realidad a las víctimas de estos casos, que durante años han vivido un trato indolente por parte de las instituciones y de sus propios países”.
Asimismo, manifestaron que “la masacre de las 72 personas migrantes fue declarada violación grave por la CNDH, por lo que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos, saber quiénes fueron los responsables y los motivos. Esto contribuirá a construir la memoria histórica y a fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar medidas y políticas públicas de prevención y no repetición de los hechos lesivos”.
