La ONU instó a las autoridades de El Salvador, Honduras y México “a intensificar los esfuerzos para la investigación” de la desaparición y asesinato hace 10 años de 72 migrantes en Tamaulipas, conocida como “la masacre de San Fernando“.
Esa investigación debe reforzarse “con la cooperación y participación de los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar el acceso a la verdad y la justicia”, dijeron las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Honduras y la Oficina Regional para América Central y República Dominicana.
Tras 10 años de la masacre las oficinas de ONU-DH “reconocen los esfuerzos de las autoridades mexicanas para avanzar en la investigación de los delitos cometidos contra personas migrantes y la búsqueda de estas que hayan desaparecido, y también de los países de Centroamérica y México para impulsar los procesos de identificación y repatriación de restos de las víctimas.
Pero “se requiere ahora de esfuerzos adicionales para atender las demandas y reclamos de los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas de la región”, resaltaron los entes internacionales.
“ONU-DH llama a los Estados de la región a retomar los compromisos asumidos con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (…) incluyendo establecer canales de coordinación transnacionales (…) para la búsqueda de migrantes desaparecidos y para facilitar la identificación de restos y la entrega digna a las familias, así como el intercambio de información”.
Los organismos de Naciones Unidas expresaron “su solidaridad con todas las víctimas y familias” afectadas, y reiteraron “su disponibilidad para seguir acompañando los procesos de búsqueda, identificación e investigación, así como todos los esfuerzos conjuntos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación integral y la implementación de garantías de no repetición”.
Entre las víctimas, asesinados y sus restos abandonados a la intemperie, había 24 hondureñas, 14 salvadoreñas, 13 guatemaltecas, cinco ecuatorianas, tres brasileñas y una persona de India.
“Este caso evidenció la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante en su tránsito por los países de la región y las graves violaciones de derechos humanos a las que con frecuencia se enfrenta. Hechos similares se repitieron en San Fernando en 2011 y en Cadereyta, Nuevo León, en 2012″, dijeron este lunes las oficinas de la ONU.
Destacaron los esfuerzos de investigación de México a través de la creación de la Comisión Forense, la Unidad de investigación de delitos para personas migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las víctimas.
De acuerdo con los datos oficiales, las autoridades mexicanas han detenido hasta el momento a 80 personas relacionadas con el asesinato de los 72 migrantes.
Organizaciones civiles colocaron el sábado pasado frente a la embajada estadounidense en la Ciudad de México un “antimonumento” en forma de +72 para conmemorar la “masacre de San Fernando“.
En un comunicado, las organizaciones afirmaron que a este número que simboliza a las víctimas de esa masacre le han añadido el + para que se tomen en cuenta los miles de migrantes que han sido desaparecidos y asesinados durante su paso por el país con dirección a Estados Unidos.
Señalaron que Estados Unidos, frente a cuya embajada ha sido puesto el ‘antimonumento’ también es responsable porque no solo durante la gestión del presidente Donald Trump, persigue y criminaliza a los migrantes.