Al asegurar que en el Gobierno federal «no hay perdón ni olvido ante la corrupción», Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), resaltó que por primera vez en la historia se inhabilitó a servidores públicos del más alto nivel como Rosario Robles, extitular de la Sedesol –que hoy cumple un año en cárcel- y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y anunció que se han iniciado procedimientos de responsabilidad que involucran a otros miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto.
En la inauguración virtual de la 44 Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación (CPCEF), y teniendo de fondo una fotografía del Presidente López Obrador, la secretaria manifestó que la SFP también ha contribuido en las investigaciones sobre el caso del ex secretario de Seguridad, Genero García Luna «y el narcoestado que se configuró con la avenencia de las autoridades» y apuntó que se busca desenmascarar a los delincuentes de cuello blanco que tenían «secuestradas las instituciones para saquear al país».
«Con acciones demostramos que en este gobierno no hay perdón ni olvido ante la corrupción; todos aquellos que apostaban por un pacto de impunidad se equivocaron (…) y por primera vez en la historia se inhabilitó a servidores públicos del más alto nivel, como Emilio Lozoya y Rosario Robles».
«Inhabilitamos e impusimos sanciones multimillonarias a los responsables del fraude en Fertinal y Agronitrogenados, y hemos iniciado procedimientos de responsabilidad que involucran a otros miembros del gabinete en la administración pasada, y contribuimos a las investigaciones sobre el caso de García Luna y el narco-Estado que se configuró con la avenencia de las autoridades», dijo.
Sandoval Ballesteros exhortó a los contralores de todo el país a trabajar en equipo «como nunca antes, para acabar con la corrupción», y los convocó a aprovechar este regreso a clases para que se elimine «la práctica tan injusta, retrógrada y abusiva que son las ilegales cuotas escolares».
«Utilicemos esta comisión para trazar un plan de acción que implementemos en las próximas semanas y terminemos de una vez por todas con este problema».
La titular de la SFP también les pidió que, a pesar de la pandemia del COVID-19, no detengan los trabajos y demostrar que este país está gobernado por gente decente y fiscalizado por contralores honestos, capaces y comprometidos, e indicó que de manera especial se han acompañado los procesos de adquisiciones del sector salud para hacer frente a la pandemia «con entera honestidad y apego a la legalidad».
«A través de nuestros Órganos Internos de Control revisamos más de dos mil contrataciones por COVID-19, entre los meses de marzo y junio del presente año».
Informó que, a lo largo de los dos años de la presente administración federal, la SFP se ha convertido en el «principal ente auditor y fiscalizador» del Gobierno federal, pues aseguró que en el Primer Informe de Fiscalización se informó de dos mil 400 auditorías que derivaron en más de 10 mil observaciones.
Detalló que se han impuesto más de 250 sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, con multas por más de mil 500 millones de pesos.
«Predicar con el ejemplo y realzar la labor de las contralorías en la vida cotidiana de los ciudadanos. Si la corrupción es el segundo problema más importante para los ciudadanos, que las contralorías sean entonces las oficinas más importantes para ellos», dijo.
