Por Jesús Michel Narváez
Intocable en lo personal al igual que su equipo de confianza.
Así era Miguel Ángel Osorio Chong cuando se desempeñó como secretario de Gobernación durante la administración de su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto.
Acaparaba todo. Era la ventanilla por la cual tendrían que pasar sus pares –secretarios de Estado-, directores generales de poderosas empresas del Estado y organismos tripartitas; senadores, diputados, gobernadores. Todos acudían al viejo Palacio de Covián cuando eran convocados. Y era a menudo.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República comenzó a horadar el sólido muro construido en cinco años y meses tanto para la contención de acciones políticas como policíacas. Concentraba el poder absoluto: Policía Federal, Comisionado general de la Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sistema Penitenciario Federal y sígale contando y aunque hubo denuncias mediáticas del quehacer público en la dependencia, no pasó nada. Ahora las cosas están peor que en el infierno para el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
La lumbre de la FGR comenzó a alcanzar a 19 de sus colaboradores cercanos acusados de delincuencia organizada “con la finalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros”, de acuerdo con el criterio del juez de control con sede en Almoloya de Juárez.
La petición de la Fiscalía General de la República tiene por objeto detener a 19 exservidores públicos que colaboraron de cerca, muy cerca, de Osorio Chong. Se revelaron los nombres. Destacan por la importancia de los cargos que le fueron encomendados la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, secretario general de la PF, entre 2012 y 2014, oficina encargada del manejo de los recursos económicos de la corporación, y como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Del resto de los acusados no se informa en qué áreas trabajaban ni qué alcance tenían sus nombramientos. Pero a todos se les señala como presuntos responsables del desvío de más de dos mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, detectados en diversas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque no se detalla cuándo se realizaron las revisiones contables y cómo se detectó el probable mal uso de los recursos públicos.
En el clásico sabadazo se da a conocer la información y al momento de escribir esta entrega no se había divulgado ninguna respuesta del senador ni en sus cuentas de redes sociales ni en algún comunicado. El hecho real es que existe la carpeta de investigación de la FGR.
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