El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dio positivo a COVID-19 horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto domiciliario por presunto fraude procesal y compra de testigos, confirmaron a Efe fuentes de su partido, el Centro Democrático.
Una misión médica le realizó la prueba al exmandatario esta mañana en la finca “El Ubérrimo”, situada en el caribeño departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir el COVID-19 y donde presumiblemente permanecerá en arresto domiciliario.
Aún no está claro si el personal sanitario que lo visitó lo hizo para practicarle la prueba de COVID-19 o para entregarle el resultado.
Según medios locales, el mandatario, de 68 años, ha tenido algunas molestias en la garganta pero se encuentra en buen estado de salud.
“El Ubérrimo” está ubicado en Montería, capital de Córdoba, una de las regiones más golpeadas por la pandemia en las última semanas.
Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en Montería hay 4 mil 688 casos positivos de coronavirus y 431 decesos, con una letalidad de las más altas del país, de 9.19 por ciento.
En toda Colombia hay 334 mil 979 contagiados y 11 mil 315 decesos, con una letalidad del 3.38 por ciento.
El pasado 6 de abril, Uribe aseguró que le hicieron una prueba para COVID-19 y que dio negativo.
“Por fortuna estamos aliviados, no hemos tenido el contagio, pido a Dios nos proteja y seguiremos contribuyendo para que se frene la pandemia. Muchas gracias a tantos ciudadanos por su noble preocupación”, afirmó entonces.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
El caso que deja a Uribe en prisión domiciliaria comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
El proceso contra Cepeda cambió cuando el magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que le abrió una investigación por supuesta manipulación de testigos al demandante.
