En la primera audiencia judicial, Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que fue sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado para realizar la compra de la empresa Agronitrogenados. Más tarde, aceptó los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público con el fin de alcanzar pronto un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia inicial que se efectuó 12 días después de haber sido extraditado de España a México, dijo: denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano.
La defensa del ex funcionario precisó que su cliente fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social.
A lo largo de la audiencia realizada por videoconferencia –el acusado desde el Hospital Ángeles del Pedregal, y desde el juzgado el impartidor de justicia José Artemio Zúñiga Mendoza–, Lozoya y sus defensores indicaron que en el momento que se presenten las pruebas en su contra señalará a los verdaderos autores de los hechos que se le imputan.
En el desahogo de la causa penal 211/2019 en la que se le achacan delitos relacionados con la compra de la empresa Agronitrogenados –propiedad de Altos Hornos de México, cuyo dueño era Alonso Ancira– por parte de Pemex y los sobornos que recibió, sus defensores confirmaron que trabajan en la construcción de un acuerdo de oportunidad, el cual es un recurso del sistema penal acusatorio que permite a un imputado llegar a un convenio con la fiscalía para reparar los daños causados y no ser sujeto a una pena corporal.
El juez Artemio Zúñiga, tras conocer que existen negociaciones entre la FGR y el ex director de Pemex, indicó: advierto que más allá de este argumento, en este momento ustedes estarían conformes con la petición realizada por la fiscalía, estarían allanados.
Los defensores de Lozoya se comprometieron a que en el momento oportuno su cliente denunciará los hechos cometidos por el aparato de poder, todo ello en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la fiscalía.
Durante la audiencia, Lozoya Austin hizo uso de la palabra, primero para señalar que renunció a seguir el litigio en España contra su extradición a México, para aclarar su situación jurídica y demostrar que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputan, aunque al final no formuló argumentos contra las acusaciones.
Luego afirmó que la casa de Lomas de Bezares, que adquirió presuntamente con el soborno que le entregó el empresario Alonso Ancira, formó parte de sus declaraciones de bienes presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó su gestión en Pemex.
En sus declaraciones patrimoniales, el ex director de Pemex enlistó como único bien inmueble una propiedad de mil 165 metros cuadrados, la cual reportó con un valor de 38 millones 175 mil pesos. En los documentos que se pueden consultar en la Secretaría de la Función Pública, se mencionan dos fechas en que se notificó de esta operación al Registro Público de la Propiedad, la primera el 14 de noviembre de 2012, y la segunda el 16 de octubre de 2013.
En los registros patrimoniales correspondientes a su declaración inicial, es decir, cuando asumió el cargo de director en Pemex y que fue presentada el 10 de enero de 2013, aseguró tener ingresos mensuales netos de 148 mil pesos como servidor público, 390 mil pesos por actividad industrial y/o comercial y 184 mil por actividad financiera.
Para 2015, en la declaración presentada el 28 de mayo de ese año, en la propiedad de Lomas de Bezares se reportó un incremento en el espacio construido, al pasar de mil a mil 200 metros cuadrados y se retomó como fecha de inscripción al Registro Público de la Propiedad el 14 de noviembre de 2012. Respecto de sus ingresos, puntualizó que anualmente percibió 3 millones 523 mil 343 pesos, sin que obtuviera recursos por servicios profesionales o inversiones financieras, aunque mantuvo sus cuentas bancarias.
Al concluir su cargo como director de Pemex presentó una nueva declaración, el 5 de abril de 2016, pero decidió ya no hacer públicos sus datos patrimoniales.
