Un juez federal dio de plazo hasta el 11 de agosto al Gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para que informe qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Tribunal Supremo sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a unos 650 mil jóvenes que llegaron a ese país como indocumentados.
La decisión del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del DACA, creado en 2012 por el ex presidente Barack Obama y que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que arribaron de la mano de sus padres a EU.
A mediados de junio pasado, el Tribunal Supremo desechó, por “arbitraria y caprichosa”, la decisión de Trump que dio por terminado el programa DACA.
El fallo dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno presentara de nuevo su posición, sustentándola en argumentos, pero no los ha presentado todavía.
La administración actual sostiene que “ni ha otorgado ni ha rechazado alguno de esos trámites”.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional “recibe las solicitudes, estas no serán aceptadas ni rechazadas, sino que se mantendrán a la espera de una consideración política que está teniendo lugar”, afirmó el viernes Stephen Pezzi, uno de los abogados del Departamento de Justicia.
Los trámites pendientes incluyen a unos 650 mil beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos, y también a más de 300 mil nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55 mil personas que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.