*El Derecho a la Vivienda lo Debe Proveer el Estado
Por Joel Armendáriz
Desde hace 10 días el tema es recurrente y tiene dos caras: la de los proponentes que no corren riesgo alguno y la de quienes advierten que la propiedad privada se pone en riesgo con la llamada “Ley Inmobiliaria” que impulsa la banca de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.
Juristas y notarios, expertos en lo referente a los arrendamientos, estiman que de aprobarse podría generar una “morosidad” alarmante bajo la justificación de la pandemia de Covid-19 que ha dejado sin empleo y sin ingresos a un elevado porcentaje de quienes habitan en casas y departamentos en renta.
La intención de los legisladores es que quienes pagan renta dejen de hacerlo mientras prevalezca la alerta sanitaria. Sin embargo, escondido en letra chiquita está el texto que alarma: “…para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a acabo sólo en casos excepcionales”.
Esta ley, cuyo texto fue congelado por la Jefa de Gobierno en 2019, se ha revitalizado por el aislamiento voluntario y por la falta de ingresos de los inquilinos que no cuentan con recursos para cubrir los montos de sus rentas; en la mayoría de los casos, los arrendadores han echado mano de los llamados “depósitos” de uno o dos meses para no expulsar a los morosos. El problema de fondo es que se agota el recurso y el arrendatario cae en morosidad.
El notario público Ignacio Morales Lechuga ha señalado que la citada ley es una amenaza para la propiedad privada, porque, entre otras cosas, inhibirá la inversión en bienes inmuebles cuando deje de ser generadora de recursos para los propietarios. Y ha planteado que el derecho a la vivienda lo tiene que proveer el Estado no el particular. “A Morena le está gustado cargar la mano a la iniciativa privada solo para corregir sus propios yerros”, apuntó.
La semana pasada se realizó un encuentro virtual en el que participaron notarios, ciudadanos, académicos y legisladores y los puntos fueron encontrados. De un lado, el reclamo de los inmobiliarios quienes alertaron “está en riesgo la propiedad privada con una legislación de ese tipo” y los legisladores de morena y los ciudadanos que avalaron la propuesta, sostuvieron que no se vulnera dicho principio.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, aclaró que cualquier cambio legal garantizará el derecho a la propiedad privada; y que las relaciones entre esas partes deben regirse por la equidad y la justicia.
Muchas justificaciones para iniciar lo que podría poner fin a la propiedad privada en la Capital del país.
Sin entrar en defensa de los pulpos de la vivienda, quienes invierten en la edificación de departamentos que salen del marco del “interés social”, lo hacen para garantizar su futuro. Construyen proyectos de medio lujo, lujo y súper lujo. Para todos los que quieren mejorar su hábitat y tiene con qué pagarlo.
Para muchas personas que buscan rentar no por falta de dinero sino porque sus propiedades representan mayores ingresos que cubrir el arrendamiento o bien porque son adultos mayores y en donde vivían el espacio es sobrado al haber partido los hijos, la comodidad y seguridad de rentar en lugar de comprar, los orilla a cambiar su mundo.
Y si una ley inquilinaria pierde la equidad y prioriza a quienes rentan y no busca el equilibrio con el propietario, se esconde una maniobra que tiende, por lo menos en la percepción, a terminar con la propiedad privada y que quienes fueron recibidos en instalaciones que les permiten mejorar sus condiciones de vivienda decidan no pagar lo pactado y reclamen para su beneficio la aplicación de los “derechos humanos”.
Se conoce y bien que en la Ciudad de México existen entre cinco y diez inmobiliarias que acaparan el mercado. No poseen propiedades, pero representan a quienes las tienen. Son ambiciosos y establecen condiciones en ocasiones imposibles de cumplir y que se subsanan con depósitos de más meses, fianza de alguna financiera reconocida y fiador con bienes raíces en la capital.
Los contratos son leoninos, ni qué decir, pero los arrendatarios tienen el derecho de llevarlos a revisión ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que debe de autorizarlos.
La Ley indica que para arrendamientos de casa-habitación la renta no podrá incrementarse por encima de la inflación durante los primeros cinco años y después deberá existir un acuerdo entre las partes para fijar los montos.
Hoy con la presencia del Covd-19, que mayormente ha golpeado a los habitantes de la Ciudad de México, los diputados locales de Morena pretenden aprovechar la situación y generar un estado de incertidumbre sobre la propiedad privada. Tiene un fin claro: electoral.
Porque el próximo año se renovará el Congreso y las 16 Alcaldías y de aprobarse esta nueva ley, muchos beneficiaros con el no “pago la renta y háganle como quieran”, se volverán votos cautivos.
No lo admiten los diputados, pero el fondo es más claro que el cristal de una lancha que viaja con destino a los arrecifes del caribe mexicano.
En la propuesta para avalar la ley, no existe una sola mención de qué pasará cuando la pandemia termine.
¿Se obligará a los arrendatarios a cubrir a partir de determinada fecha la renta que corre y se olvidará de lo que no pagó?
Se entiende que muchas personas se encuentran en la absoluta pobreza y que sus vidas cambiaron diametralmente durante los últimos 120 días. La regla de oro en economía: no gastes no lo que tienes.
Lo correcto para las partes, arrendador y arrendatario, es llegar al mutuo acuerdo y fijar la fecha de abandonar la vivienda en la que se vivió por años y en ocasiones se echaron raíces difíciles de arrancar.
Sí, la Cuarta Transformación y el Covid-19 se unieron para empobrecer a la clase media y no hay estimados de recuperación. Los que cayeron en pobreza y se encuentran sin empleo se volverán choferes de Uber, tendrán la oportunidad de tener un puesto ambulante de garnachas –de esas que tanto le gustan al presidente López- o deambularán por las calles con la mano extendida para recibir alguna moneda que será entregada de mala gana.
Este tema no lo abordan los legisladores. Solamente recurren a los derechos humanos para que quienes no paguen renta usufructúen por tiempo indefinido un bien inmueble que no les pertenece.
Estar pendientes de cómo avanza la legislación y prepararse para lo peor, es lo recomendable en tiempo de virus.
