*Jorge Gaviño Ambriz denuncia intentona de eliminar el mandato constitucional para instalar los juzgados de tutela de derechos humanos en la CDMX
El diputado Jorge Gaviño Ambriz denunció que existe una intención de los diputados de la mayoría de eliminar el mandato de la Constitución de la Ciudad de México para instalar los juzgados de tutela de Derechos Humanos.
“Los jueces de tutela de Derechos Humanos serán los encargados de garantizar los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México, en los cuales se podrán interponer quejas de manera verbal o escrita, y las resoluciones se emitirán en 10 días, las cuales serán obligatorias para las autoridades. (artículo 36, apartado B, numeral 3)”, explicó el legislador.
El diputado local del PRD detalló que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México se prohíben reformas que signifiquen un retroceso en materia de Derechos Humanos, es decir, prohíbe cualquier tipo de normas regresivas (de acuerdo al artículo 4 de la Constitución local). Agregó que la Carta Magna señala que: se crearán 16 juzgados de tutela para los Derechos Humanos, uno para cada alcaldía, de acuerdo al artículo XXIII transitorio de la Constitución local.
Relató que el viernes 13 de diciembre, el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX presentó una iniciativa que reforma la Constitución de la Ciudad de México para eliminar los 16 juzgados de tutela (acto contrario a la Constitución artículo 4º de la CDMX).
Añadió que en diciembre de 2019, el Congreso recibió el Proyecto de Presupuesto de Egresos por parte del Gobierno de la Ciudad de México, sin incluir recursos presupuestales para la creación de los 16 juzgados tutela para los Derechos Humanos (incumpliendo el mandato de la misma).
Destacó que las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México no se han pronunciado por este grave incumplimiento legal.