Por Iván Ruiz Flores
Suman 10 los países de América Latina con el mayor número de personas desaparecidas. México encabeza la lista. Otros países son: El Salvador, Perú, Colombia, Guatemala, Brasil, Chile, Honduras, Argentina y Bolivia.
En el caso mexicano pareciera que el crimen organizado o no sabemos quién está logrando que México sea un país a su medida. Las desapariciones de personas se incrementan. Prácticamente tan sólo en un mes de este año 2020 fueron 237 los desaparecidos en el país.
En 2018, por ejemplo, sumaban 5,286 los desaparecidos, en 2019 llegaban, de acuerdo a la subsecretaría de Gobernación a cuyo frente está Alejandro Encinas, hasta el 19 de diciembre en total habían sido reportados como desaparecidos 61,637 (lo dijo el 7 de enero de 2020, de acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas).
Aseguró entonces que la mayor parte de los casos habían sido reportados entre 2006 y 2019.
También explicó que desde 1964 hasta el año pasado el total era de 147.000 desaparecidos y sólo encontrados los restos de 85,396.
Se desconoce si ya se resolvió el gravísimo problema de la “crisis forense y el olvido institucional del pasado”, planteada por la titular de Gobernación precisamente el día en que se anunció el Sistema (24-03-2019), al cual denominó como “un instrumento de verdad y de justicia”, además de precisar “estas desapariciones no solo deben ser motivo de indignación para los gobiernos, sino para que juntos llevemos a cabo acciones organizadas y se investigue de manera exhaustiva e imparcial todos los casos de desaparición, llevando a los responsables ante la justicia”.
En tal Sistema participaban víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, la academia y autoridades de diversos órdenes de gobierno.
Con ello el gobierno federal efectivamente asumía su responsabilidad al reconocer la crisis humanitaria, y en materia de derechos humanos y desaparición de personas que vive nuestro país.
“Partimos de la convicción de que enfrentar este profundo agravio a las familias de las víctimas y a la sociedad mexicana es una responsabilidad del Estado, pero también de que solo con el trabajo en conjunto y articulado con las familias, los colectivos y las organizaciones civiles que los acompañan, se puede encarar y superar esta tragedia para garantizar verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición de estos lamentables hechos”, se dijo entonces.
Apenas había trabajado un año el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, cuando sobrevino la pandemia y todos regresaron a sus hogares y una buena parte del trabajo quedó pendiente. Hasta ahora que se reanuda, aunque con una mayoría de desapariciones, debido a que la actividad del crimen organizado ni con la pandemia ha descendido, sino por el contrario se ha reforzado.
No es consuelo, porque no lo hay para este tipo de problemática, pero como explican en el libro “Las Personas Desaparecidas: Guía Para Parlamentarios”:
“Vivir sin saber qué ha sido de un familiar es la dura realidad que conocen centenares de miles de personas afectadas por una situación de conflicto armado o de violencia interna. En los cinco continentes, padres, hermanos, cónyuges, hijos buscan desesperadamente a algún familiar del que se han quedado sin noticias. Las familias y las comunidades que desconocen lo que les ha sucedido a sus allegados no pueden dar vuelta la página sobre los hechos violentos que han perturbado su vida ni iniciar un proceso de recuperación y reconciliación, a nivel personal o comunitario. La angustia perdura muchos años después de terminado el conflicto, cuando ya reina la paz. Esas heridas mal cicatrizadas pueden destruir el tejido social y socavar las relaciones entre grupos y naciones incluso décadas después de los hechos. Las sociedades no pueden reconciliarse y aprender de sus errores si no mantienen colectivamente el recuerdo de lo sucedido y de lo que explica los hechos”.
Así es.
