*En el INE se Debe Cuidar la Imparcialidad
*Morena Desoye Sentencia del Tribunal Electoral
Por Gerardo Lavalle
A.- Una vez más se demuestra que el tiempo no cura las heridas políticas.
Baste revisar la relación odio-amor entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial de la Federación.
Pasaron largos 10 años para que un presidente de la República señalara con el índice flamígero la corrupción existente entre jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante la gestión de Felipe Calderón se produjo un choque que dejó huella cuando acusó a los jueces de corrupción. La respuesta nunca llegó más allá de la actuación del Consejo de la Judicatura en donde se actúa con exceso de prudencia para sancionar a los integrantes del Poder Judicial.
Con Enrique Peña Nieto si bien no había una relación placentera tampoco existía una de hiel.
Fue desde la campaña presidencial que Andrés Manuel López la emprendió contra el Poder Judicial Federal y de pasó con el de los Estados libres y soberanos. Las acusaciones se daban un día sí y al otro también.
El arribo del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la presidencia de la Corte pareció ser el puente entre el ya primer mandatario del país y los miembros del Poder Judicial Federal.
La tendencia ideológica un tanto cuanto de izquierda que presentaba el hombre que encabezaba la Corte y el Consejo de la Judicatura, se alineó con la del presidente López. Por lo menos en apariencia y sacando conclusiones de sus discursos, no tantos como los presidenciales, pero sí suficientes. Primer ministro que utiliza las redes sociales y tuitea con salerosa alegría.
Había una buena relación entre los dos Poderes de la Unión y desde el púlpito de Palacio Nacional se dejó de lanzar obuses en contra de los jueces y magistrados. La tersura se comenzó a dar cuando Eduardo Medina Mora, el último ministro propuesto por Enrique Peña Nieto y aprobado por el Senado, fue señalado de probables acciones ilegales al descubrirse una serie de depósitos bancarios que no correspondías a sus ingresos como servidor público. El escándalo creció en tan solo dos meses y el 3 de octubre del año pasado renunció sin explicar las razones para su decisión. Un hecho insólito en la Corte. Su salida amainó los ánimos y la buena relación volvió entre los vecinos.
Sin embargo, como regalo del Día de las Madres, el Pleno de la Corte sesionó el 11 de mayo y declaró inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”. De dientes para afuera, el presidente había dicho en alguna mañanera que no compartía la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, pero en sus adentros conservaba la esperanza de que los 11 ministros avalaran la trampa.
La herida ya manaba pus. Los curetajes no detenían la supuración. La pandemia, que obligó a los ministros, magistrados y buen número de jueces a guardar la sana distancia y a trabajar de manera virtual, generó un impasse.
La rutina se rompió cuando el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió suspensiones provisionales y más tarde definitivas a las empresas que fueron afectadas por el decreto publicado el 29 de abril y firmado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle y que ordenaba suspender pruebas operativas en plantas eléctricas de energía eólica y solar.
El presidente López ordenó a su colaboradora “combatir la decisión judicial en los tribunales”.
Y de nueva cuenta cargo el fusil y arremetió contra el Poder Judicial.
Textualmente refirió: existe un problema de corrupción e impunidad en el Poder Judicial de los estados y en el Federal. No obstante la afirmación, reconoció la decisión y la voluntad del Consejo de la Judicatura de cambiar esta situación.
¿Hasta cuándo habrá respeto aunque sea de poca credibilidad? El tiempo no cura las heridas políticas y menos en un personaje como el presidente López que guarda las afrentas en su amplio corazón, en donde todo cabe, aunque no se acomode como en un jarrito.
B.- El profesor emérito de la UNAM, exfuncionario federal –fue procurador general de la República-, exconsejero del INE y creador de la cárcel sin rejas, Sergio García Ramírez afirma que la elección-designación de los 4 nuevos consejeros no debe generar grupos con intereses encontrados.
“Esperaría que no se produzca una especie de enfrentamiento que requiera de mayorías. Los 11 tienen la responsabilidad de fortalecer la independencia y autonomía del Instituto en aras de elevar la calidad de la democracia”, sostiene.
Para el erudito en derecho, maestros de tres generaciones de abogados y constitucionalistas, el INE no debe convertirse en un órgano parlamentario en donde las discusiones se ganan por un voto, sino su prioridad debe ser mantener en alto la imparcialidad y no tomar decisiones que se avalen con votos en contra.
Tiene toda la razón. El problema sobrevendrá cuando mañana 22 se nombre a los 4 consejeros del INE y cuyas filiaciones, no hay duda de ello, responden a la 4t. Los otros 7 consejeros han entendido que 4 no hacen verano y que la imparcialidad demostrada con el avasallador triunfo de Andrés Manuel López es una muestra de cómo se hacen las elecciones: apegadas a derecho, con respeto al voto ciudadano.
C.- Hay sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Morena la ignoran.
Los magistrados del Tribunal votaron unánimemente para realizar el cambio de dirigentes, antes de que inicie el período electoral de 2021. Esto es, a más tardar el próximo 31 de agosto. La resolución del Tribunal ordena que: “La renovación de la presidencia y de la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional, deberá ser únicamente a través del método de encuesta abierta…”.
Sin embargo, el presidente interino del partido, diputado con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar, designado por un lapso de 100 días para realizar la elección interna, parece no estar enterado de la sentencia. Desde que el presidente López propuso que la elección se hiciera por encuesta y Dolores Padierna sugirió que se hiciera mediante la “tómbola”, los grupos de poder en el partido oficial no se ponen de acuerdo.
No ha quedado claro si Ramírez Cuéllar jugará en la elección interna, si es que se realiza –debería, por ley- o si Mario Delgado alcanzará finalmente la meta anhelada. Todavía se mueven y con fuerza Bertha Luján y Alejandro Rojas Díaz-Durán. Yeidckol Polevnsky ya está descartada virtud la autoría que se practicó y que orillo al Comité Ejecutivo Nacional a presentar denuncia en la Fiscalía General de la República.
Sin dirigentes electos democráticamente, Morena corre el riesgo de estar ausente en el proceso del 2021. ¿Se la jugarán y no atenderán la sentencia del Tribunal? Todo es posible en la 4t.
