Un elemento clave para el rastreo de la evolución de la pandemia de COVID-19 consiste en la aplicación de pruebas diagnósticas en la población, advierte la Oficina en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
De acuerdo con el Informe “Desarrollo Humano y COVID-19 en México”, el último promedio reportado para México es de 65 pruebas por millón de habitantes, lo que significa un aumento respecto a las realizadas en los primeros meses, pero aún muy por debajo del promedio de 305 reportado para los países de América Latina y el Caribe y de las 769 pruebas en promedio realizadas en un conjunto de 89 países.
“La posición de México nos indica que el número de casos confirmados es alto en relación con el alcance de las pruebas”, señala el informe.
Los análisis difundidos por la Universidad de Oxford sugieren, señala PNUD, que no se realizan suficientes pruebas para controlar adecuadamente el brote y se agregan que, en países que presentan esta característica, el número real de infecciones puede ser mucho mayor que el número de casos confirmados.
PNUD advirtió que, en el caso de México, existe la hipótesis de un subreporte de casos positivos más importante que en otros países, lo que puede dar información equivocada para la evaluación de riesgos entre la población.
Señala que esto puede generar una falsa impresión de seguridad y en consecuencia disminuyendo la aversión de los habitantes a relajar las medidas de protección y/o de distanciamiento social.
Retomando el estudio de Mario Romero y Lauriannne Despeghel, quienes, en la Revista Nexos, realizaron un ejercicio para magnificar el exceso en la tasa de sobremortalidad prevalente en la Ciudad de México, identificaron un incremento atípico a partir de mediados de abril no atribuido a los datos oficiales de decesos reportados por COVID-19.
“Con un corte al 30 de junio, los investigadores reportaron una tasa de sobremortalidad con un número de decesos 3.5 veces mayor al número de fallecidos contabilizados por la SSA a causa de la COVID-19”, expresó el texto.
PNUD señaló que el país tiene las más bajas capacidades en materia de infraestructura y recursos humanos de la Organización para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En el informe, señaló que en 2018, de acuerdo con cifras de la OCDE, la capacidad instalada total de camas hospitalarias en el país alcanzó el ratio de 0.98 camas por cada mil habitantes.
Este ratio resulta el más bajo entre los países de la OCDE, seguidos por Colombia y Chile con un ratio de 1.71 y 2.06 respectivamente, y se coloca como el único país de este grupo con una cifra menor al ratio de una cama por cada mil habitantes recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Explicó que si bien estos datos brindan un panorama nacional, se debe señalar que, de acuerdo con el documento del Panorama desde la Perspectiva de la Salud, la distribución de la infraestructura pública mantiene un importante sesgo de centralización.
En datos desagregados, de las 32 entidades, solo Ciudad de México se encuentra por arriba del estándar internacional del número de camas por habitantes, con 837 camas de cuidados intensivos y más de 15 mil camas hospitalarias, duplicando prácticamente las del Estado de México, segunda entidad en capacidad y primera en términos de población.
Explicó que la entrada en vigor de la reforma de Salud implicó la desaparición del Seguro Popular, sin que se hubieran definido reglas claras para la operación del nuevo sistema de salud, generando incertidumbres en la proporción de los servicios, confusiones sobre la operación que a la fecha no terminan por resolverse.
PNU criticó que, adicionalmente a la dificultad en la transición a un nuevo sistema de salud universal, el país atraviesa por un problema de desabasto de medicamento.
El PNUD destacó, además, que el sector salud mexicano tiene uno de los presupuestos relativamente más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), situándose en el tercer lugar con menor gasto corriente en salud como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y en el último lugar en el gasto per cápita, tomando en cuenta la paridad del poder adquisitivo entre los países.
“Si bien, entre 2019 y 2020 se registró un aumento superior al 6 por ciento del presupuesto público al sector salud19, se observó una reducción para los recursos destinados al control y vigilancia epidemiológica“, expresó.
Señaló que de manera similar a lo que ocurre con los efectos del cambio climático en economías y sociedades, las condiciones preexistentes de desigualdad moldean la intensidad de los posibles impactos ocasionados por el COVID-19, donde “no todos los individuos serán afectados de la misma manera, al mismo tiempo y con la misma severidad, y no todos podrán recuperarse con la misma velocidad”.