El juez británico Nigel Teare rechazó ayer dar a Venezuela el control sobre más de mil millones de dólares en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, al alegar que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro, dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente, sino al líder opositor Juan Guaidó.
El Banco Central de Venezuela anunció que apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión del tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19.
El abogado del Estado venezolano, Sarosh Zaiwalla, señaló que el fallo ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno en el país sudamericano. El gobierno del señor Maduro tiene el control total de la nación y de sus instituciones administrativas y solo puede garantizar la distribución de la ayuda humanitaria y de los suministros médicos necesarios para combatir la pandemia del coronavirus, aseguró. Este resultado demorará ahora más las cosas, en detrimento de la población venezolana cuyas vidas están en peligro.
Tras el anuncio, Guaidó envió un mensaje al entorno de Maduro: No se lancen por un barranco. Advirtió en su cuenta de Twitter que esta vez será peor que en 2017 y 2018, cuando realizaron las elecciones para la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y la relección del mandatario venezolano.
La oficina de prensa de Guaidó expresó en un comunicado que mientras el proceso judicial continúa, los recursos se mantendrán en Inglaterra y no serán usados en el corto plazo. Esta decisión contribuye inmensamente a la protección de los recursos de los venezolanos de las garras de la dictadura corrupta, específicamente, la reserva en oro depositado en el Banco de Inglaterra, agrega el escrito.
En tanto, Estados Unidos emitió una orden de incautación de las cargas de cuatro petroleros que transportan gasolina iraní a Venezuela, alegando lazos con una organización terrorista, informó el Departamento de Justicia.
La medida se inscribe en la escalada de presiones contra Teherán y Caracas, aliados entre sí y enemigos declarados de Washington.
La demanda, presentada ante la corte federal para el Distrito de Columbia, afecta a los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, actualmente con rumbo a Venezuela.
Los fiscales alegan que los cargamentos involucran a afiliados a los Guardianes de la Revolución iraní, un ejército encargado de defender los valores ideológicos de la república islámica, que Estados Unidos tiene en su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras.
En otro asunto, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó que el gobierno de Venezuela y el alto representante para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Joseph Borrell, acordaron elevar al más alto nivel las comunicaciones entre ambas partes, pero pidió gestos del bloque, que mantiene sanciones contra el país y decenas de funcionarios.
El canciller venezolano también detalló que Caracas dejó sin efecto la reciente decisión de expulsar a la jefa de delegación de la UE en el país, Isabel Brilhante Pedrosa. La anulación de la medida contra la diplomática portuguesa se produjo cuando se cumplía el plazo de 72 horas que Maduro le dio el pasado lunes para abandonar el país, en respuesta a nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición.
