Por Jesús Michel Narváez
Algo ocurre en el Poder Judicial de la Federación, porque de nueva cuenta se impone la plata al plomo.
Después de festinar la detención de María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, la fiesta se acabó con su liberación por “ausencia del perito” que tenía que declarar en la audiencia.
Y, de nueva cuenta, se “abre una carpeta de investigación” por el delito de “tortura sicológica” por parte de los elementos del Ejército al realizar la detención.
Son “los derechos humanos” que la delincuencia organizada ha comprado y se los han vendido sin rubor alguno.
Las sonadas aprehensiones de la madre junto con una hermana y una prima de El Marro, conmocionó a Celaya, Irapuato y otros municipios en donde como respuesta del malandro hubo decenas de incendios, carreteras bloqueadas y enfrentamientos entre sicarios y policías estatales.
El Marro le “declaró la guerra al Gobierno mexicano” y amenazó con hacer volar la refinería de Salamanca. Elementos del ejército revisaron las instalaciones y sus alrededores y encontraron dos vehículos en cuyo interior se hallaban explosivos.
El Rey del Huachicol, supuestamente “fulminado” por los operativos de los meses de enero y hasta marzo del año pasado, mantiene sus operaciones en Guanajuato y nadie ha podido evitar que pinche los ductos para extraer los combustibles. Si bien se ha reducido la cantidad hurtada, la petrolera mexicana reconoce que se mantienen las acciones de los ordeñadores de gasolinas y diésel.
Aunque el presidente López anunció que pedirá se “investigue la liberación” de la madre de El Marro, el hecho está consumado y hasta el gobernador Diego Sinhue Rodríguez solicitó en tono enérgico –ya se está haciendo costumbre- al Jefe del Ejecutivo no politizar la seguridad en Guanajuato. El mandatario negó haber asistido a las reuniones de seguridad y denunció: “Son falsos los datos, no he ido ni iré a reuniones de seguridad, ahí no se toman las decisiones”.
La liberación de María Eva Ortiz genera suspicacias y detona la duda sobre la autonomía de los jueces y evidencia que los criminales tienen el poder de preguntar: plata o plomo. La plata, se sospecha, se impuso.
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