La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió este domingo al Congreso mexicano regular la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de la seguridad pública.
El exhorto de la CNDH ocurre un día después de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció una impugnación constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del Gobierno de México que «ordena» a las Fuerzas Armadas participar en estas tareas.
«Es necesario el dotar a la Fuerza Armada permanente de un marco jurídico apegado al bloque de constitucionalidad que, sustente y encuadre su actuación temporal y extraordinaria en tareas de seguridad pública, que garantice la labor de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada», argumentó la CNDH.
En los últimos días arreció la polémica por el «Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública», que el Gobierno publicó el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El texto, con vigencia hasta marzo de 2024, «ordena» a estos cuerpos militares participar «de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional», el cuerpo policial militar creado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Desde su publicación, el colectivo Seguridad Sin Guerra advirtió que lo decretado «faculta a las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen».
La presidenta de la Cámara Baja, con el posterior respaldo de otras bancadas de oposición, impugnó el acuerdo ante la Suprema Corte al argumentar que «se aleja de los parámetros de la Constitución» sin un marco jurídico que «dé certidumbre».
La CNDH, que se negó a presentar una controversia constitucional contra el acuerdo, señaló este domingo que es responsabilidad del Congreso una legislación secundaria para definir los términos de la participación «extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria» de las Fuerzas Armadas.
Esta normativa, añadió, debería acompañar el Artículo Quinto Transitorio del Decreto que modifica diversos artículos de la Constitución Política parea crear la Guardia Nacional.
El organismo justificó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido que el Estado use «excepcionalmente» a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
«Dichos términos, aunque citados en las disposiciones en comento, no han sido definidos, desarrollados y determinados en las leyes secundarias pertinentes, por lo que su falta de precisión para su aplicación operativa, da lugar a delicados vacíos jurídicos», dijo.
La titular de la comisión, Rosario Piedra, ha recibido cuestionamientos de la oposición desde su elección en el Senado el año pasado por haber participado en el partido del Presidente López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La CNDH reconoció en su exhorto que «el Estado debe limitar al máximo el uso de la Fuerza Armada para controlar la criminalidad común o violencia interna, pues el régimen castrense no se concilia con las funciones de las autoridades civiles».