Los avances de los últimos años en la lucha contra el trabajo infantil en Latinoamérica y el Caribe están en riesgo. El impacto de la COVID-19 en estas sociedades está provocando que muchos niños, que han visto paralizada su educación por las cuarentenas, entren en el mundo laboral empujados por la crisis económica y la falta de ingresos de sus mayores.}
Así lo destaca Vinicius Carvalho Pinheiro, director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alarma ante esta peligrosa combinación de suspensión escolar y declive económico que puede llegar a comprometer el futuro de una generación.
En una entrevista con Efe, Carvalho cree necesario establecer en estos países una transferencia de dinero directa a las familias para que los menores no trabajen y ampliar otros programas de protección social que eviten una regresión en la lucha contra el ocupación laboral infantil.
En la conmemoración este viernes del Día Internacional contra el Trabajo Infantil había razones para la esperanza. Según un documento conjunto presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el porcentaje de niños y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe bajó de 10,8 % en 2008 a 7,3 % en 2016, lo que equivale a una disminución de 3,7 millones de personas en esa situación.
Pese a ello, la OIT estima que hay 10,5 millones de niños trabajando actualmente en la región.
La irrupción de la pandemia puede aumentar el trabajo infantil entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región (entre 109.000 y 326.000 niños), según el documento conocido ayer.
PREGUNTA: ¿Tienen ya datos del incremento de trabajo infantil en la región por la influencia del COVID-19? ¿Por qué sabemos que muchos niños van a dejar de jugar y tratar de ser adultos?
RESPUESTA: Estamos trabajando con datos estimativos basados en situaciones anteriores. Como ocurrió en la crisis económica de 2008, disminuyen los ingresos de los hogares y los niños son llamados a contribuir a esas necesidades familiares.
Esta crisis es especial por el hecho de que la suspensión de las clases escolares son parte de las políticas de confinamiento. En nuestra región se paralizó la enseñanza escolar y eso puede significar un abandono. Es un estímulo más para que empiece a trabajar temprano, de que dejen sus estudios.
Tenemos que darnos cuenta que hay mucho en juego. Se habla de desempleo, de crisis sanitaria, de destrucción de riqueza… pero estamos destruyendo capital humano y eso es lo más grave. Estamos cortando un potencial de crecimiento de futuro por interrupción de la escuela, combinada con la necesidad de complementar los ingresos, en especial en el sector informal. Se aumenta el abandono escolar y aumenta el trabajo infantil. Estamos comprometiendo las generaciones futuras.
P: Ante este panorama, ¿podemos hablar de un posible generación perdida por el impacto de la COVID-19?
R: No quiero ser fatalista. Pero hay ese riesgo. El hecho de que la crisis económica esté vinculada con la paralización de la enseñanza te da una doble preocupación. Ya hay casos y comienzan las sospechas. Por ejemplo, en Colombia en la recogida del café… Hay restricción de movimientos, de entradas de migrantes, toques de queda, la gente no se puede mover y recoger cosechas. Si no hay fuerza del trabajo, se plantea que los niños no tienen escuela y que pueden ayudar en el campo. Eso está pasando ahora.
P: ¿Qué pueden hacer los Gobiernos para evitar el retroceso en la lucha contra el trabajo infantil?
R: Una de las claves es la protección social. En el momento que el padre o la madre tienen condición de vulnerabilidad porque perdió el empleo, no puede trabajar por confinamiento o por salud, es importante un apoyo financiero, políticas de transferencia de ingresos.
Ya hay países que lo practican y vinculan ese dinero a que los niños vayan a las escuelas. Se llama transferencia comisionada, se paga con la obligación de que el niño esté matriculado en las escuelas.
Hay un programa muy simbólico en Brasil que es Bolsa Familia, por ejemplo. Por ello, la ampliación de este tipo de programas es fundamental.
Los padres además son responsables. Estuve en el diseño de programas en este campo y se decía “los padres se lo van a beber”… Cuando evalúas los resultados, no es así. La mayor parte de la gente es responsable con esos ingresos.
P: ¿Qué sectores y qué países son los más proclives a utilizar mano de obra infantil?
R: La agricultura. En todas las partes de la región se da ese fenómeno y nos preocupa mucho porque se realiza en sitios difíciles donde es complicado hacer inspecciones; por ejemplo, en la zona del Amazonas, en las selvas, en América Central, en el Caribe.
También está la minería que es una actividad muy dura. Y en la economía informal. O en las empresas familiares.
P: Ante la COVID-19, parece que los niños son los grandes olvidados. ¿Son víctimas directas de la pandemia?
R: Por supuesto. El confinamiento además ha generado situaciones familiares de violencia. No hay que olvidarlo. A medida que se regrese a una cierta normalidad veremos menos empleos formales y va a haber presión en los hogares. Por eso hay que asegurar a los hogares con niños una estabilidad en los ingresos.
Por otro lado, nos preocupa mucho el sector de la trata de personas, tráfico de niños y niñas, de explotación sexual. Además del componente de trabajo infantil hay un componente moral, dramático, terrible, y también se hay crecimiento de esta explotación en situación de crisis.
P: ¿Es difícil ser optimista en 2020 con estas proyecciones y datos?
R: Primero hay que ver que en algún momento haya una vacuna disponible para todos. Pero sobre todo tenemos que pensar en qué hacer para construir unas bases que nos impida que pase lo que está pasando ahora. La crisis demuestra que la inversión en seguros de desempleo, transferencias a niños, salud y servicios sociales, son muy baratos cuando mira uno el costo real de una crisis. En este sentido, el optimismo está relacionado con la reconstrucción.