Policías de Investigación Criminal (PIC) desmantelaron una fábrica clandestina de bebidas embriagantes localizada en el municipio de Puente de Ixtla, al sur del estado de Morelos, y decomisaron cientos de cajas con botellas listas para su distribución, así como droga, vehículos, documentos, cajas impresas, botellas vacías y etiquetas de distintas marcas comerciales.
Con los trabajos de campo y los elementos de prueba aportados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, autoridades obtuvieron una orden de cateo para registrar un inmueble situado en el kilómetro 32+500 de la carretera libre Cuernavaca-Taxco, en la comunidad de Ahuehuetzingo.
El cateo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), fue cumplimentado por agentes de la PIC y elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales, apoyados por elementos de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Seguridad.
En el lugar aseguraron más de siete mil botellas con bebidas embriagantes listas para su venta, entre las que había tequila de distintas marcas, whisky y aguardiente.
La Fiscalía también mantiene abierta la investigación por la venta de alcohol adulterado en los municipios de Axochiapan, Jonacatepec y Tepalcingo, donde oficialmente se cuentan 21 muertos y hasta 29 de acuerdo con datos de las autoridades municipales de Jonacatepec y Axochiapan, por la ingesta del alcohol de dudosa procedencia.
En el cateo de la fábrica clandestina en Puente de Ixtla, la FGE informó que también decomisaron planillas de etiquetas adheribles, cientos de cajas de cartón impresas con logotipos e imagotipos de marcas comerciales de bebidas etílicas, botellas de vidrio vacías y paquetes de «taparroscas», así como botellas conteniendo alcohol etílico desnaturalizado.
En el mismo lugar se encontraron tres contenedores con capacidad de 400, dos mil 500 y 20 mil litros; tres vehículos automotores, un remolque, un arma de fuego tipo escopeta y 49 dosis de crystal.
Al interior del predio fueron ubicadas cuatro personas, las cuales no estaban realizando actividad alguna y refirieron ser trabajadores domésticos, por lo que fueron presentadas ante el Ministerio Público del COE a fin de deslindar responsabilidades.