La Fiscalía de Venezuela pidió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar «organización terrorista» al partido político Voluntad Popular, del líder opositor Juan Guaidó, al que vincula con una fallida incursión armada por mar.
«Hemos introducido en la Sala Constitucional (del TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo» para «determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista», indicó el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Saab, de línea chavista, acusó a Voluntad Popular y a Guaidó -jefe del Parlamento reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza- de promover acciones desestabilizadoras «en plena pandemia» del COVID-19 para «hacer estallar a Venezuela».
Entre estas figuran «una incursión naval» el pasado 3 de mayo que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses «imputados por terrorismo», aseveró el funcionario.
Por su parte, Voluntad Popular rechazó «categóricamente las acusaciones» en un comunicado en Twitter.
«Mientras el pueblo venezolano protesta en las calles por la falta de agua, de luz, de gasolina, de gas, por la escasez y porque el dinero no les alcanza; Maduro y su dictadura hambreadora, corrupta e ineficiente persigue a nuestro partido», señaló en Twitter su fundador, Leopoldo López, quien escapó de su arresto domiciliario el 30 de abril de 2019.
Mentor de Guaidó, López, refugiado en la residencia del embajador de España, fue condenado a 14 años de cárcel por hechos de violencia en protestas antigubernamentales en 2014.
El diputado Henry Ramos Allup, también rechazó la solicitud de la fiscalía en nombre de su partido, Acción Democrática, una de las toldas más antiguas del país, al indicar que lo que busca es «justificar» la persecución y el apresamiento de opositores.
Los artículos referidos por el fiscal establecen la responsabilidad «civil, administrativa y penal» por «hechos punibles» relacionados con «el financiamiento al terrorismo», así como la «confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión» de un delito.
La legislación venezolana contempla penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo.
Además, el fiscal acusó a Voluntad Popular, organización política de centroderecha inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2011, de apropiarse «del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero» y de la filial petrolera Citgo con «el apoyo de Estados Unidos».
Con el «dinero robado» por el «movimiento terrorista» han «financiado una incursión mercenaria contra nuestro territorio», añadió el fiscal sobre la operación que Caracas también atribuye a Estados Unidos y Colombia.
Saab aludió así a una batería de sanciones financieras aplicadas por la administración de Donald Trump, que buscan asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro, al que tilda de «dictadura» tras su reelección para un segundo período en mayo de 2018 en comicios considerados «fraudulentos».
Estados Unidos entregó el control de Citgo a Guaidó hace más de un año.