Por Jesús Michel Narváez
Ya salió el peine y se entiende la razón por la cual el presidente López pretende meter mano en todos los órganos autónomos del Estado. Autonomía plasmada en la Constitución.
Resulta que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el INEGI arrojó resultados nada positivos y que derrumban el triunfalismo presidencial en su lucha contra la corrupción.
Los números no mienten aunque el Ciudadano tenga otros datos: la guerra para erradicarla (corrupción) y anunciada como el triunfo de la moralidad, honestidad, austeridad y la espiritualidad, ha tenido solamente efecto en la percepción pero no en la realidad.
Durante 2019 la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.
Como diría Cantinflas, aquí está el detalle: la prevalencia de esos actos se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019; mientras la tasa de casos nuevos pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019.
Así o más clarito.
Seguramente Julio Alfonso Santaella Castell, Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, será calificado por el habitante de Palacio Nacional como un “economista neoliberal”, porque los datos en posesión del Presidente revelan otros resultados.
El organismo responsable de los Censos de Población, señala en su informe que, los incrementos en hechos reportados de corrupción dispararon también en 64.1 por ciento el costo total de este problema. En 2019 la suma ilícita de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada. En 2017 resultó en 7 mil 780 millones y 2 mil 450, respectivamente.
El INEGI no fija la mirada en las acciones emprendidas por el gobierno. Plasma solamente la realidad que está más allá de la percepción triunfalista.
Lo grave de esto es que si en los niveles de la burocracia de cuarta se generan los actos de corrupción y se logran conocer mediante una encuesta en la que no hay más interés que el de saber cómo va el país en el espinoso tema, lo más probable es que siguiendo las escaleras llegaremos hasta los miembros de la “dorada” –aunque ahora ya parece de bronce por los salarios que reciben- y que debe saber lo que sus empleados de baja estrofa realizan con los ciudadanos para “agilizar” los trámites correspondientes.
El informe dice: las mayores experiencias de corrupción se estiman en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos, seguido de otros pagos, trámites o solicitudes –como el pedir una carta de antecedentes penales, licencias, servicios administrativos en servicios de salud y empleo (pensiones, incapacidades, préstamos) y conexión o reconexión de energía eléctrica– donde alcanza 44.9 por ciento. Y también destaca el sistema judicial.
¿Acaso barrer de arriba hacia abajo no es el mejor sistema para limpiar la casa? Es pregunta sin jiribilla política. Por los datos, la corrupción ya derrotó al presidente López.
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