La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no encontró la comisión de ningún delito en las reformas legislativas que ampliaron de dos a cinco años el mandato de gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y que en días pasados fueron decretadas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante la posibilidad de que se presenten casos de colusión entre poderes o políticos para “defraudar a la Constitución”, ya se presentó una iniciativa para sancionar este tipo de acciones, afirmó el fiscal José Agustín Ortiz Pinchetti.
La semana pasada, por unanimidad, la SCJN declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla y en su mayoría los ministros la consideraron un fraude a la Constitución, a la ley y a la voluntad popular.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que la Ley Bonilla fue una maquinación por la cual se pretendió violar la voluntad popular.
El fiscal Ortiz Pinchetti dijo que “la resolución de la Corte constituye un hecho muy importante para la vida política y hay que buscar una reforma que impida que la colusión de poderes defraude a la propia Constitución, pero eso tendrá que hacerse tan pronto como sea posible. Por ello nosotros hemos presentado ya una iniciativa para que se tipifique como una conspiración para defraudar a las instituciones electorales, cuando un grupo de personas o políticos se unen para alterar el funcionamiento de las instituciones.
“La iniciativa se presentó hace más de dos meses, pero se interrumpió todo por la pandemia”, dijo el titular de la Fepade.
