*Zoé Robledo Igual que la Chimoltrufia
*El Sector Privado, al Margen de Todo
Por Gerardo Lavalle
A.- Disponer de las fuerzas armadas para enfrentar al crimen y el narcotráfico, que no ceden ante la “nueva estrategia de seguridad” y argumentar que el Presidente está legalmente facultado para “militarizar” la seguridad pública, es una falacia.
El Presidente y su grupo de corifeos encabezados por John Ackerman y Martí Batres, se equivoca al invocar el quinto transitorio para avalar la decisión de que las fuerzas armadas se sumen a la batalla, que va perdiendo, de la Guardia Nacional.
Confusión o plan con maña, la decisión presidencial carece de sustento. Porque el transitorio dice a la letra:
Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.
Y qué dice la fracción señalada: IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional.
La Ley Reglamentaria de la Guardia Nacional especifica sus funciones:
Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. (Se presume la Defensa Nacional, aunque no lo precisa)
Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
Artículo 6. Son fines de la Guardia Nacional:
- Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades;
- Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;
III. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y
- Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.
Lo fundamental es el uso del vocablo EXTRAORDINARIA.
Porque no se conoce que el país viva una situación extraordinaria para hacer uso de las fuerzas federales. El coronavirus no se combate con balas. Y la pandemia sí es un evento extraordinario.
Salvo, claro, que sea “extraordinaria” la violencia y criminalidad que hemos padecido desde hace 13 años, 6 meses y 4 días –estableciendo la fecha en la que Calderón inició la guerra- y que se haga necesario incumplir la promesa reiterada de Andrés Manuel López Obrador de que, de ganar las elecciones los soldados regresarán a sus cuarteles.
En el tema de del “informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional”, no hay versiones oficiales sobre el mismo. Debió ser presentado ante el Senado o bien en diciembre en concordancia con el final del año o el pasado 21 de marzo, cuando se cumplieron 12 meses de aprobada su creación.
El Presidente señala que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública obedece a impedir que la Guardia Nacional fracase.
Hay que observar que la presencia del Ejército y la Marina en el combate a la violencia y el crimen no estará subordinada al mando civil que ostenta Alfonso Durazo, legalmente Jefe de la Guardia Nacional pero en los hechos es el general Bucio el que manda y está bajo las órdenes del general secretario.
Así que, la interpretación de “extraordinario” queda alejado de la facultad que presume el presidente. Sería saludable para las instituciones democráticas saber cuál es el caso extraordinario a que se refiere López Obrador.
B.- Zoé Robledo, director del IMSS, se contagió del lenguaje de la Chimoltrufia, porque como un día dice que los ventiladores que le compró la delegación del Instituto en Hidalgo al hijo del director de la CFE, cumplieron con los requisitos exigidos, al día siguiente dice que los regresó porque no eran los solicitados. Lo cierto es que en el IMSS están mostrando que las adquisiciones directas son un fiasco. ¿Y dónde están las licitaciones? Ah, el justificante es que “estamos en estado de emergencia y lo importante es salvar vidas”. *** Seguramente Yeidckol Polevnsky, borrada del mapa político desde la llegada de Alfonso Ramírez Cuellar, no encuentra en donde esconderse después de que la Corte invalidó la llamada Ley Bonilla. Ella junto con Mario Delgado, fue de las defensoras de que los diputados locales hayan violentado los preceptos constitucionales. Aquello, el aplauso a Bonilla, la obliga a callar. *** Durante lo que lleva presente el Covit-19 en el país, ha sido notoria la ausencia de las iglesias en apoyar a quienes menos tienen y han sido contagiados. ¿Dónde quedó la bonhomía clerical?
C.- Aunque el Senado les haya abierto las puertas para “escucharlos” los dirigentes de los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial -12-, no se encuentra el camino para que las micro, pequeñas y medianas empresas logren sobrevivir después de la paralización de actividades decretada por el Consejo de Salubridad Nacional.
Sorprende el elevado desempleo y falta de creatividad de parte del Gobierno para frenarlo y más llama la atención que el sector privado, al que le han dado en las narices dos severos portazos, todavía solicite tener reunión con el presidente López Obrador.
Ya se los dijo: que los atienda Graciela Márquez, secretaria de Economía. Y por lo que se sabe, la funcionaria sigue a pie juntillas las instrucciones presidenciales, porque tampoco a ella le gustan los “moditos” de actuación de la IP.
