El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) usará los recursos jurídicos que ofrece la Constitución mexicana y los instrumentos internacionales en contra de la Secretaría de Energía, que publicó una nueva política que limita de manera permanente los proyectos de energía renovable para generar electricidad.
En un pronunciamiento conjunto con la American Chamber México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el CCE acusó a la dependencia a cargo de Rocío Nahle de usurpar funciones y emprender una «destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa».
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El sector privado, advirtió el CCE, agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético como motor de desarrollo del país.
la Sener publicó el viernes en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) su política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que sustituye los lineamientos emitidos en febrero del 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con la nueva nueva política, el Cenace está facultado para limitar el despacho eléctrico de energías renovables, a cargo principalmente de empresas privadas, para dar prioridad a las centrales eléctricas fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El nueva política faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado, señaló el CCE.
La publicación del acuerdo, acusó el organismo empresarial, es una violación al marco constitucional y legal mexicano. La Sener, señaló, usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia que provocará pérdida de empleos, la confianza de inversionistas, y afectaciones a proyectos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados de la República, que representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares.
«Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo», demandó el organismo empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín.
