El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos toda la información disponible sobre el operativo Rápido y furioso –que inició a finales de 2009–, pues si se ejecutó sin el conocimiento de las autoridades mexicanas del más alto nivel, la administración estadunidense habría incurrido en una violación a la soberanía. Y si la gestión de Felipe Calderón supo y lo autorizó, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, pues mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad.
Así lo expuso el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en una nota diplomática sobre el tema que envió al titular de la embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En el documento, se remarcó que la información reque-rida es la relacionada con las más de 2 mil armas que entraron a territorio mexicano como parte de la operación y de las declaraciones hechas por los procesados del caso.
Ebrard dio a conocer ayer por la tarde el contenido de la nota diplomática, luego de que, por la mañana, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara de graves los alcances de dicha operación, no sólo por la cantidad de muertes asociadas a las armas internadas a México, sino por la violación flagrante a nues-tra soberanía.
El titular del Ejecutivo federal subrayó que aun cuando recientemente el ex presidente Calderón aseguró no haberse enterado durante su mandato de la realización de ese operativo, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno estadunidense, el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, conoció del mismo.
En la nota diplomática, el canciller Ebrard señaló que agencias estadunidenses indican que el operativo comenzó a implementarse a finales de 2009 (durante los gobiernos de Calderón y Barak Obama).
