Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se ha fortalecido la coordinación con estados y municipios a fin de que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la población tenga acceso al agua potable sin contratiempos.
Lo anterior -se reportó en un comunicado- al presentar un balance de las acciones desarrolladas por la Comisión durante las semanas recientes, en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud.
Entre las acciones de fortalecimiento de la coordinación con los servicios de agua de estados y municipios, están el acompañamiento en las tareas de potabilización y desinfección del agua.
Del programa Proagua -a cargo de Conagua- se ejercerán 116.17 millones de pesos para dispositivos de cloración y 20.38 millones para insumos. Para ello se han firmado ya anexos con 28 estados.
Asesoramiento en reparación de fugas y aumento de presión en caudales para responder al incremento en la demanda de agua, calculada entre 20 y 30 por ciento, así como al cambio de sitios y horarios de demanda.
Análisis de la demanda del recurso por parte de los organismos operadores; los resultados permitirán planear la atención al incremento del uso de agua durante la contingencia.
Además se fortalece el trabajo de dotación con el sector agrícola, por lo que en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se apoya la producción de alimentos en las siete millones de hectáreas de riego, donde se genera 60 por ciento de la producción nacional.
Algunas acciones al respecto fueron la permanencia de los programas federalizados orientados a la productividad, conservación y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola.
La garantía del suministro de agua a las superficies de riego del país, en función de la disponibilidad en las fuentes de abastecimiento.
El suministro de 17 millones de metros cúbicos de agua para áreas de riego, en beneficio de siete mil 876 hectáreas y cuatro mil 436 usuarios de Hidalgo, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa.
Por otra parte, a fin de contrarrestar los daños a la infraestructura hidráulica generados por vandalismo, y que ponen en riesgo su adecuada operación, se repara la infraestructura federal en ocho entidades, con un costo de 2.41 mdp.