El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó hoy al Congreso estadounidense que Canadá y México han tomado las medidas necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo trilateral entre Estados Unidos-México-Canadá, T-MEC, y que dicho acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2020.
Tras el anuncio al Congreso, Estados Unidos se convirtió en el tercer país en notificar a las otras partes que había completado sus procedimientos internos para implementar el acuerdo, lo que representaba el paso final necesario para que el T-MEC entre en vigor.
El T-MEC contiene mejoras significativas y enfoques modernizados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio anterior como en temas de acceso al mercado agrícola, propiedad intelectual, comercio digital, servicios financieros, trabajo y muchos otros sectores.
Las autoridades de los Estados Unidos aseguraron que estas mejoras generarán más empleos, brindarán protecciones laborales más sólidas y ampliarán el acceso al mercado, creando nuevas oportunidades para los trabajadores, agricultores y ganaderos estadounidenses.
“La crisis y la recuperación de la pandemia de COVID-19 demuestra que ahora, más que nunca, Estados Unidos debería esforzarse por aumentar la capacidad de fabricación y la inversión en América del Norte. La entrada en vigor del T-MEC es un logro histórico en ese esfuerzo. Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguiremos trabajando para garantizar una implementación sin problemas del T-MEC para que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan disfrutar de los beneficios del nuevo acuerdo “, dijo Robert Lighthizer.
Previamente, senadores estadounidenses habían solicitado a Robert Lighthizer que retrasara la entrada en vigor propuesta, en un inicio para el 1 de junio y, en conjunto con el Congreso y las partes interesadas, “determinara un cronograma más factible” para ello debido a la pandemia de COVID-19.
El Comité de Finanzas del Senado estadounidense envió una carta a Lighthizer para externar su preocupación sobre si las empresas, ya bajo presión por el coronavirus, tendrían la capacidad para cumplir con las normas del nuevo tratado comercial.