La peste del Covid-19 logró en Chile lo que no pudo la furiosa represión que el gobierno de Sebastián Piñera lanzó por todo el país tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, al costo de 3 mil 800 heridos, 32 muertos a manos de efectivos policiales y militares y más de 11 mil detenidos, miles de ellos aún en las cárceles: acallar la protesta y sacar a la ciudadanía de las calles.
El presidente, coinciden analistas, se regodea en la crisis sanitaria buscando levantar cabeza, tras hundirse en un rechazo superior a 90 por ciento a su gestión, pese a su compulsión a protagonizar actos leídos por propios y ajenos como “desafortunados”, “payasadas” o “provocaciones”, como aquello de ir a Plaza Dignidad a fotografiarse en soledad, aprovechando el vacío de las calles, algo que después dijo “lamentar”; o bien afirmar que su gobierno compró en enero más de mil respiradores médicos cuando la evidencia prueba que no fue sino hasta mediados de marzo que se encargaron y que aún no llegan al país.
A contracara, los partidos políticos opositores brillan por su ausencia, carentes de propuestas e inconexos con la sociedad, apenas balbuceando al ritmo que impone el oficialismo, tanto así como que pese a ser mayoría, su rencillas y desprolijidades los llevaron a perder contra todo pronóstico la presidencia de la Cámara de Diputados, profundizando su descrédito.
De modo que seis meses después de iniciada la revuelta contra el modelo neoliberal, prevalece una gran incertidumbre acerca de si habrá o no un rebrote de las movilizaciones y en qué intensidad cuando la crisis sanitaria afloje.
Ernesto Águila, científico político y académico de la Universidad de Chile, director de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, no tiene dudas al respecto: “Es cierto que la crisis sanitaria interrumpe las grandes protestas del estallido social del 19-O, pero también la pandemia pone en evidencia y profundiza el proceso de precarización de la vida de las personas y de las familias en Chile. Soy de los que piensan que en Chile es muy posible un nuevo estallido social dentro de la pandemia y no sólo después de esta. Creo que el manejo mismo de la crisis sanitaria con un sesgo clasista y poco claro en la información así como el desempleo y la falta de ingreso de muchas familias, puede generar una situación de indignación que conduzca a un momento de protestas sociales nuevamente en poco tiempo más”, contesta.
El gobierno ha anunciado dos programas de medidas económicas para intentar sortear la crisis social derivada de la crisis sanitaria. El enfoque ha sido esencialmente economicista y apegado a la ortodoxia neoliberal. Es cada vez más claro que Piñera no quiere asumir los costos económicos de la crisis sanitaria. Se apuesta a una sobrevivencia de las empresas vía créditos blandos y exención tributaria temporal para mejorar su liquidez, pero hasta ahora no hay medidas que apunten directamente a la protección del empleo y los salarios. Diversos sectores políticos y sindicales han propuesto un ingreso mínimo universal de emergencia mientras duren las medidas de confinamiento, pero el gobierno no se ha abierto a dicha opción, ni tampoco al uso de un porcentaje de los fondos de pensiones para aliviar la crisis. El gobierno ha apostado por apuntalar al sistema financiero y a las grandes empresas, pero estas medidas no están evitando un crecimiento exponencial del desempleo. Es muy posible que en pocas semanas en Chile veamos situaciones de miseria que no se veían en décadas.
Primero el estallido social y ahora la pandemia han terminado de desarticular a la oposición. Desde el centro político y hasta la izquierda, la característica común es la ambivalencia frente a la iniciativa de la derecha gubernamental, no hay ningún atisbo de posibilidad de articular un frente común y, adicionalmente, a la ciudadanía la centroizquierda no le merece ningún respeto.
La pandemia obligó a postergar el itinerario constituyente siendo aplazado el plebiscito que pregunta si se quiere o no una nueva constitución para el 26 de octubre. Existe un sector de la derecha que desde un comienzo ha querido boicotear el proceso constituyente y ve en la crisis sanitaria la oportunidad para hacerlo. En el momento más álgido de las movilizaciones de octubre este acuerdo constituyente permitió encauzar en parte la protesta. Pienso que el acuerdo se mantiene firme porque es la única llave institucional para resolver la ruptura del pacto social en Chile. Así lo entienden los empresarios más lúcidos y una parte de la clase política de derecha. Difícilmente sin ese acuerdo Piñera pudiera haber llegado al fin de su mandato. Para las fuerzas de centroizquierda e izquierda también tiene una ganancia importante: construir una nueva Constitución Política. Es decir, todos algo ganan con mantener ese acuerdo en pie aún.
