En el Senado de la República, las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Verde Ecologista (PVEM) buscan evitar abusos y regular el trabajo dentro de las cárceles de México con condiciones similares a las que hay al exterior de éstas, incluido un fondo de ahorro para cuando obtengan su libertad.
Ello, a través del derecho a la administración de su salario, a la capacitación y con énfasis en la población más vulnerable de estos centros penitenciarios, dadas las necesidades que se viven dentro de los centros penitenciarios.
Las y los legisladores Indira Kempis (MC); Verónica Camino e Israel Zamora (PVEM); y Nestora Salgado y Ricardo Monreal (Morena), quienes suscriben la iniciativa, critican que las diversas modalidades de trabajo en prisión no han sido suficientes para garantizar el respeto de los derechos de las personas.
El proyecto, turnado a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, busca coadyuvar a la reinserción a la sociedad o aprender un nuevo oficio que le ayude a esa población a encarar los retos de la vida en libertad.
Además, apunta la necesidad de que personas internas puedan sobrevivir en un entorno que no les proporciona los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas; así como abusos de poder que comúnmente se les impone, y en caso de no cumplirlos, se llega incluso a transgredir su integridad personal.
De acuerdo con la propuesta cada recluso contará con una cuenta para la administración de las ganancias o salarios con motivo del trabajo, así como tendrá la decisión de poder invertir un porcentaje de sus remuneraciones en un fondo de ahorro que le será restituido, una vez que obtenga su libertad, o de manera anticipada si así lo decidiese.
Igualmente, delinea que se impartirán talleres o actividades que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que les faciliten el acceso a un empleo en libertad.
Así mismo, establecer convenios de colaboración con empresas, escuelas de artes y oficios, organizaciones no gubernamentales u organismos de naturaleza similar, que permitan proveer una certificación oficial de las capacitaciones que imparta cada empleador, y se facilitará su reinserción o reincorporación al mercado laboral, una vez concluido el proceso de internamiento.
En dicha iniciativa se indica que la autoridad penitenciaria deberá implementar medidas especiales para garantizar el acceso a la capacitación para el trabajo en condiciones de igualdad de las personas así como procurar que hombres y mujeres tengan la posibilidad de participar en las mismas actividades laborales, a fin de evitar que se reproduzcan los estereotipos de género.
